En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lleva adelante una exhaustiva auditoría sobre 2245 acuerdos firmados entre distintas casas de estudio y organismos públicos. La investigación, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, busca determinar si existió un uso irregular de fondos públicos en estos convenios, que en algunos casos superaron los $170 millones.
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En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lleva adelante una exhaustiva auditoría sobre 2245 acuerdos firmados entre distintas casas de estudio y organismos públicos. La investigación, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, busca determinar si existió un uso irregular de fondos públicos en estos convenios, que en algunos casos superaron los $170 millones.
Según se pudo averiguar, estos acuerdos, que abarcan desde capacitaciones y consultorías hasta desarrollo de sistemas, se realizaron de manera directa, sin licitación pública. Esta modalidad ha generado interrogantes en el organismo de control, que busca determinar si hubo desvíos de fondos o malversación de caudales públicos.
La SIGEN está analizando en detalle cada convenio para verificar si se cumplieron los objetivos establecidos, si los fondos fueron utilizados de manera adecuada y si hubo subcontrataciones a terceros. "El objetivo es garantizar que los fondos públicos se hayan destinado a los fines para los que fueron asignados", señalaron fuentes del organismo.
Universidades y ministerios en la mira
Entre los convenios bajo la lupa se encuentran aquellos firmados entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la digitalización de documentos, y el acuerdo entre el ex Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Guillermo Brown por $22.480.000 para capacitar a trabajadores en diseño de proyectos.
Una amplia variedad de ministerios y organismos públicos participaron en estos acuerdos, incluyendo Ciencia, Desarrollo Productivo, Seguridad, Cultura y Desarrollo Social. Por su parte, numerosas universidades nacionales, como la de La Matanza, General San Martín, UBA, General Sarmiento y La Plata, entre otras, fueron contratadas para brindar servicios.
Un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y las universidades
Esta auditoría se suma a las tensiones preexistentes entre el Gobierno de Milei y las universidades nacionales. El Gobierno ha manifestado su intención de revisar los gastos de las universidades y de implementar medidas de control más rigurosas.
Los resultados de esta investigación podrían tener un impacto significativo en la relación entre el Estado y las instituciones de educación superior, y podrían generar cambios en la forma en que se financian y gestionan las universidades nacionales.
Un ejemplo concreto de los convenios bajo la lupa es el acuerdo entre el Ministerio de Mujeres y la UTN-FBA. Esta casa de estudios recibió $2.093.000 a cambio de ofrecer posgrados y diplomados en gestión de proyectos, políticas públicas y estudios de género. Este tipo de convenios, según el Gobierno, amerita una revisión exhaustiva.
La administración de Milei ha intensificado la presión sobre las universidades nacionales, anunciando una auditoría general de sus gastos. El presidente argumentó que hace casi una década que no se realiza un control de esta magnitud.
Cabe destacar que, a fines del año pasado, el gobierno anterior había suscripto un convenio con la SIGEN para fomentar el control en las universidades. Sin embargo, solo 27 de las 62 casas de estudio adhirieron a este acuerdo, entre ellas no se encuentra la UBA, que concentra 354 de los 2245 convenios analizados por la SIGEN.
