Un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expone con lujo de detalles la red de vínculos terroristas, financieros y militares que consolidó Nicolás Maduro con Irán durante su mandato como dictador de Venezuela, en una alianza que, según el organismo, trascendió la cooperación diplomática para convertirse en una “plataforma multifacética para la proyección del poder iraní”.
El dossier, elaborado a partir de inteligencia reservada y el análisis de unos 3.000 documentos oficiales de ambos países, será una pieza probatoria clave en el juicio contra Maduro por narcoterrorismo ante la justicia federal de Estados Unidos. Las conclusiones del informe, según fuentes consultadas, causaron “impresión” en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.
Una alianza que socava sanciones y financia el terrorismo
El informe de la DEA describe una estructura financiera opaca que permitió a Teherán evadir las sanciones internacionales. Para ello, según el documento, se utilizaron mecanismos como el Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong.
“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”, señala el texto.
Pero el alcance de la asociación va mucho más allá de lo financiero. El informe detalla que Irán transfirió a Venezuela tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales militares, al mismo tiempo que explotaba y contrabandeaba encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima, con reservas estimadas en 75.000 toneladas, para apoyar su programa nuclear sancionado.
Venezuela, un centro para Hezbollah y Hamas
Uno de los puntos más graves del informe es la caracterización de Venezuela como un “centro crítico” para organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, como Hezbollah y Hamas. Según la DEA, el régimen de Maduro facilitó el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, y la emisión fraudulenta de pasaportes para operativos de estos grupos.
En concreto, el informe menciona la entrega de 15.000 pasaportes irregulares, de los cuales 173 fueron a parar a miembros de Hezbollah. Estas redes se conectan, además, con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, conformando lo que la DEA denomina un “ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo”.
10 áreas de cooperación estratégica
El documento de la DEA enumera diez áreas clave en las que se concretó la alianza, entre ellas:
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Transferencia de tecnología militar (drones ANSU-100 y ANSU-200, misiles antibuque).
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Suministro de uranio y apoyo al programa nuclear iraní.
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Evasión de sanciones mediante una arquitectura financiera compleja.
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Apoyo logístico y documental a Hezbollah y Hamas.
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Cooperación energética y petroquímica por más de 2.600 millones de dólares.
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Triangulación de tecnología nuclear con Argentina (2006-2014).
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Infraestructura de transporte y logística, incluyendo vuelos directos Caracas-Teherán.
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Alineación diplomática con más de 265 acuerdos bilaterales.
La defensa de Maduro, en un callejón sin salida
Mientras las pruebas presentadas por la DEA se acumulan, la defensa del exdictador venezolano intenta una maniobra legal para frenar el proceso. Su abogado, Barry J. Pollack, presentó un recurso de 17 fojas en el que alega que la acusación viola la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, argumentando que Maduro no tiene fondos para pagar su representación legal.
Fuentes judiciales consultadas calificaron el argumento de “falacia”, recordando que el exmandatario cuenta con una fortuna oculta incalculable. El próximo 26 de marzo está prevista una audiencia en el tribunal de Nueva York, donde se espera que el juez Hellerstein rechace la presentación y el letrado defensor deberá decidir si continúa en el caso.
Mientras tanto, la DEA, el Departamento de Justicia y la fiscalía federal avanzan con la acusación por narcoterrorismo que, de prosperar, podría significar una condena de prisión de por vida para Nicolás Maduro.
