El Parlamento del Norte Grande resolvió instar al Poder Ejecutivo Nacional "la urgente distribución de los fondos recaudados en concepto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), en forma equitativa y continua a las provincias".
Así lo estableció al concluir ayer en San Miguel de Tucumán, la 57° Sesión plenaria. En el medio los vicegobernadores que integran el organismo hablaron sobre el impacto que provocó el Instituto Nacional de Estadística y Censos al dar a conocer el índice de las canastas básica alimentaria y total de marzo, que aumentaron más del 2% cada una.
El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis se expresó contundentemente y muy preocupado por la situación económica y social que está atravesando el país. Habló también de la falta de empleo y la caída de la actividad en muchos sectores de la economía, reafirmando que los datos conocidos ayer nuevamente generan gran malestar en los argentinos y avizoran un futuro incierto principalmente en las provincias del Norte Grande.
Aparte, el diputado tucumano del Bloque Radicalismo Federal, José Cano, argumentó: "Es imperativo denunciar la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo Nacional está manejando los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. La Ley 23.966 no es una sugerencia presupuestaria; es una norma con asignación específica".
"Esto significa que lo recaudado tiene destinos inamovibles por ley: infraestructura vial, obras hídricas y el fondo compensador del transporte. En lo que va de la gestión actual del Gobierno provincial, la recaudación acumulada por este tributo proyecta una cifra superior a los 11 billones de pesos. Sin embargo, la realidad de nuestras rutas cuenta una historia de abandono absoluto".
Luego advirtió que los recursos "no están a libre disponibilidad del Ministro de Economía. El Gobierno está reteniendo fondos que, por mandato legal, deben aplicarse al mantenimiento de las arterias nacionales".
"Mientras el usuario paga el impuesto cada vez que carga combustible, el beneficio de esa tasa -que debería volver en seguridad vial y eficiencia logística- desaparece en las arcas del Tesoro Nacional para otros fines no autorizados por la ley".
"Exigimos que se respete la especificidad de la norma. No se trata de números o de equilibrio fiscal, y sí de la seguridad de quienes transitan y de la competitividad de las economías regionales. La ley se debe cumplir", puntualizó.