Los profesionales nucleados en Apuap anunciaron una nueva jornada de lucha de 48 horas, prevista para el jueves 4 y viernes 5 del corriente, en reclamo de salarios dignos que permitan resolver la crisis de recursos humanos y garantizar una atención correcta y oportuna a la población. La medida de fuerza fue definida en asambleas y se llevará adelante tanto en capital como en el interior, con distintas modalidades de protesta.
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Los profesionales nucleados en Apuap anunciaron una nueva jornada de lucha de 48 horas, prevista para el jueves 4 y viernes 5 del corriente, en reclamo de salarios dignos que permitan resolver la crisis de recursos humanos y garantizar una atención correcta y oportuna a la población. La medida de fuerza fue definida en asambleas y se llevará adelante tanto en capital como en el interior, con distintas modalidades de protesta.
El jueves se realizará una asistencia con retención de tareas de 9 a 12, acompañada de un ruidazo y cartelazos en cada lugar de trabajo a partir de las 10. Mientras tanto, el viernes, además de la retención de tareas en el mismo horario, se concretará una jornada de visibilización frente a Casa de Gobierno a las 10, donde los profesionales expresarán su rechazo a la propuesta salarial.
Desde el sindicato recordaron que la organización lleva 40 años defendiendo los derechos de los trabajadores profesionales, y remarcaron que estas acciones se inscriben en una trayectoria de lucha por condiciones laborales justas.
La dirigencia gremial explicó que vienen desarrollando jornadas de visibilización para denunciar el carácter de la última propuesta salarial del Ejecutivo, a la que calificaron como "insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva".
Detallaron que la propuesta es insuficiente, ya que el incremento ofrecido representa $18.225 en el salario inicial, sin superar los $28.000 en las categorías más altas. "Estos números no se condicen con la realidad económica ni con el superávit que el propio Gobierno difunde", señalaron. Según datos oficiales, solo en el período enero-julio de 2025, la provincia recibió 893.962 millones de pesos en concepto de coparticipación, lo que significó un aumento del 54,9 % respecto al mismo período anterior, mientras que los salarios incrementaron solo 17 %.
Además, sostienen que es discriminatoria, porque refleja un trato desigual en perjuicio de los profesionales, que cumplen funciones esenciales en áreas clave del Estado.
El carácter irresponsable de la propuesta, agregan, se evidencia en la crisis del sector profesional, que ya provocó la pérdida de más de 800 cargos en la administración pública debido a los bajos salarios y malas condiciones laborales. Esto generó un proceso de "desprofesionalización" que impacta en la calidad de los servicios estatales.
Finalmente, la consideran extorsiva, ya que el Gobierno envió una nota fechada el 18 de agosto, firmada por un funcionario de segunda línea, en la que emplazaba a la comisión directiva a responder en un plazo de 48 horas. Desde el gremio interpretan esta acción como un atropello, ya que vulnera las instancias institucionales y orgánicas del sindicato, donde la Asamblea es el órgano soberano de decisión.
"Para evitar el éxodo de profesionales y comenzar a resolver la crisis de recursos humanos, el Gobierno tiene que empezar a revertir el atraso salarial histórico", expresaron los referentes sindicales.