En un fallo la Suprema Corte de Justicia de Jujuy ordenó este jueves la restitución inmediata de la concejal Mónica Sánchez en su cargo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Perico. La decisión, firmada por el doctor Federico Francisco Otaola, hace lugar a una medida cautelar y deja en suspenso su destitución, dispuesta una semana atrás en una sesión que el propio tribunal consideró plagada de irregularidades.
El extenso considerando del juez Otaola detalla los argumentos presentados por la edil, quien aseguró que su remoción, decidida el 11 de septiembre mediante la Resolución N° 028/2025, se realizó violando todo principio de legalidad y derecho de defensa. Sánchez denunció que la sesión comenzó antes de hora, sin que se la convocara a ella ni a otra concejal, Anahí Juárez, y que cinco ediles ingresaron y aprobaron su destitución sin que el tema estuviera en el orden del día y sin que se le permitiera acceder al expediente en su contra (N° 12334/2025) para ejercer su defensa.
La Justicia encontró “verosímil” el derecho invocado por la concejal. El fallo subraya dos puntos críticos: la aparente vulneración del derecho de defensa, al no notificársele la denuncia ni darle oportunidad de defenderse, y la falta del quórum requerido. La resolución habría sido aprobada por cinco de los ocho concejales, una cantidad insuficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios que exige el Reglamento Interno del cuerpo para una destitución.
Además, el fallo hace mención a una situación particular: uno de los concejales que votó su destitución, Enrique Rojas, estaría afectado por una restricción de acercamiento hacia la propia Sánchez por una causa por violencia de género (Ley 26485), lo que, según la actora, lo inhabilitaba para intervenir.
Ante este escenario, el juez consideró que existía un “peligro en la demora” que justificaba la medida cautelar, ya que la composición del Concejo ya se había alterado con la asunción de Margarita Tejerina en su reemplazo. Para evitar que este cambio se consolide y agrave la situación institucional, ordenó devolver las cosas a su estado anterior.
La decisión judicial es de cumplimiento inmediato y no está sujeta a aprobación del Concejo Deliberante. Desde el momento de su notificación, quedan suspendidos los efectos de la resolución de destitución y el acto de asunción de Tejerina. El fallo advierte que cualquier incumplimiento por parte del cuerpo deliberante será sancionado con astreintes (multas coercitivas).
La causa principal, la acción de amparo promovida por Sánchez, continúa su trámite, pero la concejal recuperará su banca de manera preventiva hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.