El Gobierno boliviano ha promulgado un nuevo reglamento que incrementa significativamente las sanciones para quienes realicen contrabando de alimentos fuera del país. La normativa establece penas de privación de libertad que oscilan entre los 8 y los 14 años, buscando frenar el flujo ilegal de productos subvencionados, conocido como "contrabando a la inversa".
inicia sesión o regístrate.
El Gobierno boliviano ha promulgado un nuevo reglamento que incrementa significativamente las sanciones para quienes realicen contrabando de alimentos fuera del país. La normativa establece penas de privación de libertad que oscilan entre los 8 y los 14 años, buscando frenar el flujo ilegal de productos subvencionados, conocido como "contrabando a la inversa".
La medida se da en un contexto donde se observa un aumento en la presencia de efectivos militares bolivianos en pasos fronterizos como La Quiaca y Villazón, con el objetivo de controlar la salida irregular de alimentos. Los controles en estas zonas son continuos, según reportes.
El ministro de Desarrollo Productivo de Bolivia, Néstor Huanca, detalló que se implementará una lista de alimentos sujetos a un estricto control, que incluye productos básicos como arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, verduras y ganado en pie.
Adicionalmente, se emitirán certificados de abastecimiento para las zonas fronterizas y se abrirán oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en municipios limítrofes para fortalecer la supervisión y asegurar el suministro adecuado de alimentos en estas áreas.
El nuevo decreto supremo amplía las sanciones ya existentes en la Ley 100 de 2011, que contemplaba penas de 8 a 12 años para el contrabando de exportación agravado. La nueva normativa no solo incrementa las penas hasta los 14 años, sino que también establece medidas complementarias como el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos utilizados para cometer el delito.
El Gobierno boliviano aseguró que esta normativa no afectará el traslado de alimentos destinados al consumo doméstico ni las exportaciones formales, las cuales seguirán regulándose mediante la Declaración de Exportación (DEX).