Un grupo de exempleados del Banco de la Provincia de Jujuy volvió a manifestarse ayer frente a Casa de Gobierno en reclamo por el pago de la Propiedad Participada, un beneficio establecido al momento de la privatización de la entidad en 1998. Tras 27 años de espera, exigen que se respete el convenio acordado y que el gobernador Carlos Sadir los reciba en audiencia para encontrar una solución a un conflicto que ya atravesó varias gestiones sin resolución.
Los manifestantes se concentraron en la plaza Belgrano, como lo vienen haciendo semanalmente, para visibilizar un reclamo que consideran justo y que afecta a cientos de familias en toda la provincia. "Estamos cansados de hacer reclamos y esperar noticias del pago de la propiedad participada. Hace 27 años que se privatizó el banco y cuando se lo hizo, el Banco Macro pagó a la provincia lo que correspondía. El 10% de ese monto estaba destinado a los empleados, y a los pocos que quedaron en el banco sí les pagaron, les alcanzaba incluso para comprarse una casa", señaló Ernesto Galean, uno de los ex trabajadores, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.
El referente recordó que en los últimos años hubo pagos parciales a un grupo de exempleados, pero que el resto sigue esperando. "Nos prometieron que nos iban a pagar a todos, pero pasaron los gobiernos y nunca cumplieron con su palabra. Queremos igualdad de trato, ¿por qué a unos sí y a otros no?", cuestionó.
La situación también tiene un costado humano que agrava el reclamo: "Se nos están muriendo compañeros. Éramos casi 400 afectados, pero ya debemos estar por la mitad porque muchos fallecieron. Los que quedamos seguimos reclamando", expresó Galean. Además, destacó que los manifestantes representan a toda la provincia. "Acá hay compañeros de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Mina Aguilar, Perico, San Pedro, Monterrico y sobre todo de Casa Central", sostuvo.
Desde el plano legal, el abogado Jaime Federico Pol, quien acompaña a los exempleados, explicó que el derecho al cobro de la Propiedad Participada está reconocido por ley desde los años 90, pero nunca fue efectivamente otorgado. "Hay varios juicios iniciados. Se hizo un expediente por daños y perjuicios que tramitó desde el 2000, y actualmente está en curso un recurso extraordinario de revisión de sentencia. Ese recurso se presentó porque hay jurisprudencia que nos favorece. El problema es que todavía no se ha resuelto", indicó el letrado.
Pol también advirtió que el monto a reclamar es difícil de establecer, pero insistió en que la deuda es clara y que corresponde ser pagada. "Lo que están pidiendo los ex empleados es que al menos se genere una mesa de diálogo con el gobernador para avanzar en un acuerdo. El expediente sigue su curso judicial, pero la solución política también es posible", agregó.