Un informe periodístico del programa de televisión TeleNueve Denuncia, que se transmite a través de la señal de aire, Canal 9, reveló una presunta trama de corrupción y encubrimiento en nuestra provincia, que involucraría a una jueza y al sacerdote Luis Atilio Bruno, acusado desde el pasado mes de abril, por múltiples abusos sexuales.
El pasado jueves 18 de septiembre, el programa televisivo porteño presentó abundante prueba de chats y documentación que figuran en el expediente judicial, donde los acusados intercambiaron delicada información tratando de salvar del escarnio público al cura, previo pago de un soborno de 10 mil dólares a la víctima.
Según el informe, las conversaciones habrían ocurrido las primeras semanas que Bruno Atilio Luis cumplía prisión domiciliaria y presuntamente la magistrada habría intentado interceder para silenciar a la víctima y garantizar la impunidad, en complicidad de otras altas figuras del Obispado de la provincia.
En un tramo del material periodístico, salieron a la luz conversaciones de chats de la red social Whatsapp, donde la magistrada escribe a una persona sumamente importante del obispado: "Iba a interceder en favor de Bruno para salvarlo del lío". A lo que Bruno le dice que "ya hay diez mil dólares". Pero la jueza dice: "¿Que no eran 6 mil?", contesta en otro chat. Pero desde el obispado insiste que "son 10 mil y hay que hablar con el padre del abogado (aparentemente hijo de un juez en actividad)", quien defendería a la víctima. Pero se va más allá, donde la magistrada dice: "Yo lo conozco al padre (del abogado), que es juez y me debe muchos favores".
El entonces el sacerdote chaqueño Bruno Atilio Luis se encuentra detenido con prisión domiciliaria en la localidad de Lozano, acusado del presunto delito de cinco hechos de abuso sexual en contra de una mujer de nacionalidad chilena, luego de que el mismo imputado se había ofrecido a brindarle protección, por el extremo estado de vulnerabilidad que la víctima se encontraba.
Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que al menos tres de los graves episodios que pesan sobre el imputado, habrían sido perpetrados en la parroquia "Nuestra Señora de Nieva", ubicada en el mencionado sector barrial de la capital jujeña, donde se desempeñaba como párroco hasta el 9 de marzo.
La aprehensión del expárroco se concretó el viernes 11 de abril por orden del Juzgado Especializado en Violencia de Género N° 2 de Jujuy, que también autorizó un allanamiento en el domicilio que hizo figurar el acusado, en la localidad de Lozano.
La medida había solicitado por la fiscal María Emilia Curten Haquim, a cargo de la Unidad Especializada en estos tipos de delitos, quien imputó a Bruno Atilio Luis por la presunta autoría de los delitos de "abuso sexual simple agravado por ser miembro de un culto religioso (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser miembro de un culto religioso (cuatro hechos), en concurso real".
La fiscalía fundamentó su requerimiento en las declaraciones de la víctima, informes psicológicos, evidencias digitales, antecedentes y otros elementos recolectados durante la etapa investigativa.
A través de chats filtrados muestran cómo intentaron negociar el silencio de una víctima con 10 mil dólares para frenar el avance de la causa.
La Diócesis de Jujuy emitió un comunicado
Ante estas graves acusaciones, el lunes pasado, la Diócesis de Jujuy emitió un comunicado firmado por el abispo César Daniel Fernández. “Desde hace algunos días se han vertido algunas informaciones periodísticas que nos han traído inquietud, porque me involucran en lo que hace al proceso que se sigue al sacerdote Luis Bruno, a raíz de una denuncia penal, por la cual está detenido por decisión de la Justicia”, empieza el enunciado.
“Frente a esa denuncia acaecida en diciembre del pasado año, he procedido de acuerdo a las normativas del Derecho Canónico apartando al sacerdote de la tarea pastoral y adoptando las medidas canónicas correspondientes, siempre dando cuentas al Dicasterio para al Clero de la Senta Sede, que es el organismo competente en estos temas”.
En un tramo del escrito, Fernández, tal como se vio en el informe periodístico, admitió haber mantenido contacto con la víctima. “Con la señora denunciante he mantenido contacto siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración y le he informado todos los pasos que fuimos dando en relación a la situación del sacerdote. Todos esos elementos los he informado a la Justicia, haciendo una presentación espontánea, poniéndome a su disposición y entregando toda la documentación sobre las medidas disciplinarias canónicas adoptadas.
Personalmente tengo tranquilidad de conciencia en cuanto a mi proceder y a mi recta intención en el obrar y también está mi confianza en la objetividad de la justicia frente a nuestras subjetividades que son siempre limitadas. Encomendamos al Señor y a su Madre Santísima - nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya - estos momentos difíciles que vivimos, pidiendo que la verdad y la justicia puedan traer la luz que necesitamos vislumbrar”.