Con una celeridad digna de ser destacada, el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 1 dispuso una serie de medidas frente a la denuncia de violencia familiar efectuada por un hombre en contra de su expareja y madre de su hija. En la presentación -por derecho propio y en representación de la niña- el denunciante, cuyo abogado es Franco Vera, expresó su temor en torno a la integridad física y emocional de la pequeña, solicitando que se realicen pericias psicológicas a la mujer que es funcionaria del Poder Judicial.
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Con una celeridad digna de ser destacada, el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 1 dispuso una serie de medidas frente a la denuncia de violencia familiar efectuada por un hombre en contra de su expareja y madre de su hija. En la presentación -por derecho propio y en representación de la niña- el denunciante, cuyo abogado es Franco Vera, expresó su temor en torno a la integridad física y emocional de la pequeña, solicitando que se realicen pericias psicológicas a la mujer que es funcionaria del Poder Judicial.
En la demanda, y amparándose en la ley provincial 5107 de Atención Integral de la Violencia Familiar, mencionó que de manera reiterada era violentado no solo por la madre de su hija, sino también por los hermanos y la madre de ella.
Como primera medida la jueza Mónica Cruz Martínez dispuso que la denunciada asista hoy a ejercer su derecho de defensa junto a su abogado –sea de la matrícula o defensor oficial-, bajo apercibimiento de tener por cierto los hechos denunciados.
Al mismo tiempo ordenó a ambos progenitores asistir -por separado- a una entrevista psicológica.
En procura de proteger la integridad psicofísica del hombre, ordenó a la exmujer, sus hermanos y madre que por el plazo de ciento veinte días cesen "cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual, económica patrimonial y o simbólica, por si o por interpósita persona y o por cualquier medio, tanto en el ámbito doméstico, mediático, espacio público y o digital telemático" en contra del denunciante, "bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de girar las actuaciones al fiscal, a los fines que investigue la posible comisión de un delito fiscal". A la Policía de la Provincia ordenó prestar colaboración cuando el hombre lo requiera.
Comisionó asimismo a una profesional del cuerpo interdisciplinario a fin de que proceda a evaluar a las partes y realizar el control que prevé el artículo 34 de la ley 26485 a los efectos de controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, debiendo elevar el informe pertinente.
Por otro lado dio intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para que se constituya en el domicilio de la menor a fin de verificar que "sus derechos no se encuentren vulnerados, debiendo remitir el informe con habilitación de días y horas bajo apercibimiento de girar las actuaciones al fiscal para que investigue la posible comisión de un ilícito penal".
Patadas, escupitajos
"Con esta demanda busco proteger la integridad física y emocional de mi hija", expresó el damnificado al narrar que el 14 de febrero pasado fue excluido del domicilio familiar, quedando la niña al cuidado exclusivo de la madre.
Relató que fue víctima de golpes, patadas, escupitajos y agresiones por parte de la mujer frente a la pequeña. Enfatizó que desde entonces presenció situaciones alarmantes que pusieron en riesgo la seguridad de la menor y en ese marco recordó un episodio en que la mujer "conducía en estado de ebriedad" con la nena a bordo del vehículo, hecho que fue expuesto en sede policial.
También sostuvo que la denunciada "manipula" a la menor para "evitar todo contacto conmigo, afectando gravemente nuestro vínculo".
Ante esta situación había solicitado de manera urgente una medida de restricción perimetral que impida a la mujer y sus familiares acercarse al domicilio, lugar de trabajo del demandante e incluso a la nena, al pedir que se le conceda la tutela de su hija "para garantizar su bienestar y seguridad".
Asimismo promovió que se realicen pericias psicológicas tanto a la menor como a los denunciados.
Como la mujer es una profesional que se desempeña en la Justicia, podría llegar a ser apartada de sus funciones hasta tanto se diluciden los hechos que la tienen como protagonista, atendiendo a que los funcionarios que evidencian fallas en su vida personal podrían hacerlas extensivas a su vida profesional. O por lo menos eso indica el sentido común.
