Una de las estafas más complejas, que tiene a más de 30 personas damnificadas en nuestra provincia y que acumula una pérdida monetaria de más de 1.500 millones de pesos, suma un nuevo capítulo, es que ahora los peritos del Poder Judicial se niegan a realizar las comparaciones caligráficas, para avanzar con la investigación.
Se trata de los préstamos prendarios que ofrecía a través de su página oficial, el banco Santander y que según la denuncia penal que investiga el Ministerio Público de la Acusación, un grupo de personas que incluye gestores, empleados bancarios, dueños de concesionarias y escribanos, estafaron a por lo menos 34 personas en la provincia.
Teniendo en cuenta la cantidad de damnificados, sus representantes legales hacen más de un mes solicitaron las pericias caligráficas, que tienen que ser analizadas por los funcionarios que prestan servicios en el Poder Judicial y llamativamente, por alguna razón, o por otra, se niegan a realizarlas, a pesar de una orden del juez en lo Civil y Comercial, a cargo de esta parte de la investigación.
Es por eso que solicitaron la inmediata intervención de Gendarmería Nacional o de la Policía Federal, para que los peritos de esas fuerzas nacionales realicen estas diligencias judiciales y se pueda avanzar con uno de los hechos de estafas más importantes de la provincia.
Una investigación de El Tribuno de Jujuy permitió establecer que al menos dos hombres, quienes desde un primer momento están identificados con nombre, apellido y dirección, son las caras visibles de esta estructura fraudulenta, quienes se encargan de captar a personas con necesidades económicas, a quienes todavía ofrecen 200 mil pesos para afiliarse supuestamente a un partido político.
Lo primero que hacen los captadores, es solicitar el documento de identidad de estas personas, preparan los papeles y los citan a una escribanía. Allí algunas de estas personas firmaron varios documentos, otras se negaron a hacerlo. Meses más tarde, empezaron a recibir notificaciones de una deuda millonaria, por la compra de un vehículo cero kilómetros a través de un crédito prendario por la entidad bancaria Santander.
Semanas atrás se hicieron presentes desde la provincia de Buenos Aires tres auditores de la entidad bancaria y apartaron de sus puestos de trabajo a varios empleados jujeños, hasta que se resuelva la situación.
Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los delitos que se le endilgan a esta presunta banda criminal incurren entre "asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa y a medida que se inicie la investigación penal preparatoria, de seguro los acusados seguirán sumando calificaciones legales".
Al respecto, el letrado Luis Fernando Bóveda, representante legal de varias personas que resultaron estafadas, le dijo a nuestro diario que "desde hace más de un mes venimos pidiendo con los abogados que nos constituimos como querellantes que los peritos caligráficos hagan su trabajo. Hasta el momento solo recibimos excusas, una de ellas es que se encuentran fuera de la provincia, sin acreditarlo y lamentablemente mientras los peritos del Poder Judicial no hagan estas diligencias, la causa no puede avanzar. Ante esta situación, hemos solicitado al juez interviniente en la causa que los peritos de Gendarmería Nacional o de la Policía Federal realicen ese trabajo, que a mi consideración, es el elemento principal de prueba para demostrar que nuestros clientes fueron víctimas de una mega estafa, detalladamente organizada", dijo el abogado.
"A mí, como abogado lo que me interesa y me preocupa, es que restituyan de forma inmediata el perjuicio que le han hecho a mis representados y reanuden los derechos que le han sido suspendidos a otros por el solo hecho de haber sido víctima de un delito. Y para esto necesitamos que los auxiliares de la Justicia cumplan con su trabajo o se aparten de la investigación. Hay personas que lo han perdido todo, tienen los sueldos embargados, se les niega beneficios para adquirir medicamentos que son indispensables para su calidad de vida y a más de un mes que realizamos estas presentaciones, no obtuvimos ninguna respuesta", dijo Bóveda.
La causa de la jubilada que tiene a su nombre un Audi, sigue estancada
A fines de julio pasado, una mujer jubilada de 66 años, junto a sus representantes legales, se hizo presente en la sede del Ministerio Público de la Acusación, para denunciar a un hombre identificado como Diego Martínez, quien le había ofrecido una suma de 200 mil pesos a cambio de adherirse a un partido político.
La mujer firmó una serie de papeles sin que nadie le dijera de qué se trataba, todos entregados dados vuelta, ante la prisa de la cómplice de Martínez.
Meses después, la mujer se acercó a las oficinas del Pami, para solicitar un descuento de medicamentos que debe tomar y ahí fue informada que tiene un vehículo de alta gama a su nombre y que no podía acceder a los beneficios.
"A más de cuatro meses de solicitar un amparo a la Justicia Federal, todavía no dictó sentencia. Esto implica que la mujer de 66 años ha quedado desamparada y se encuentra sin recibir medicamentos recetados por un médico, indispensables para mejorar su calidad de vida", dijo el letrado Fernado bóveda.
Con estos casos que recientemente salieron a la luz, la sociedad que utiliza las aplicaciones de cuentas bancarias y billeteras virtuales tiene que estar preocupada, porque el sistema de seguridad donde uno aporta sus datos personales son muy vulnerables, pero además los estafadores actúan con total impunidad, con hechos denunciados desde 2023 y la totalidad de la banda, continúa en libertad.