El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a 10 años de prisión al chofer de un camión y a su acompañante que en enero pasado fueron detenidos en la localidad de Libertador General San Martín con casi 600 kilos de cocaína en el vehículo, luego de una persecución que se inició cuando escaparon de un control de Gendarmería Nacional.
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El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a 10 años de prisión al chofer de un camión y a su acompañante que en enero pasado fueron detenidos en la localidad de Libertador General San Martín con casi 600 kilos de cocaína en el vehículo, luego de una persecución que se inició cuando escaparon de un control de Gendarmería Nacional.
El juez Unipersonal Diego Martín Matteucci condenó a Walter Rubén Meriles y Fernando Ramón Díaz por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores y dispuso el decomiso en favor del Estado Nacional, del camión marca Volvo empleado en la maniobra.
La sentencia responde a la acusación impulsada por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, quien investigó el caso desde el inicio.
Sobre el caso
Meriles y Díaz llegaron a juicio en el marco de una investigación penal iniciada el 31 de enero pasado, cuando ambos fueron detenidos tras fugarse de un control vehicular apostado en la ruta nacional N° 34, a la altura del acceso norte de Libertador General San Martín.
Según surge de la investigación penal, a la altura del kilómetro 1248 de la mencionada ruta, estaban apostados efectivos de la Sección "Libertador General San Martín", dependiente del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional, junto con personal motorizado del grupo de seguridad de la ciudad de Ledesma.
En esas circunstancias llegó el camión Volvo que circulaba desde la localidad de Yuto con rumbo a San Pedro, según lo manifestado a los uniformados por Meriles, quien iba al volante del rodado.
Cuando el personal esperaba que el camionero entregue la documentación del rodado, el chofer realizó una maniobra brusca y se dio a la fuga, lo que activó una persecución que se extendió por 20 cuadras en un barrio de esa localidad.
Cuando el camión ya no tenía escapatoria, los acusados buscaron huir a pie, pero fueron reducidos.
Con el control judicial del caso, se procedió a la requisa del vehículo y un perro antinarcóticos detectó la presencia de estupefacientes en la cabina, donde fueron hallados 26 bultos que tenían 601 paquetes de cocaína, con un peso final de 594 kilos con 509 gramos y pureza del 70 al 80%.
Según la fiscalía, la carga está valuada en 9 millones 425 mil dólares y con ella se podrían producir 4 millones 647 mil 872 dosis.
Entre otras actuaciones complementarias a pedido de la fiscalía, se dispuso el secuestro de teléfonos, dinero, documentación del rodado y allanamientos en distintos domicilios de personas ligadas al entorno de los acusados, medidas que permitieron obtener elementos de interés para el caso.
Acuerdo de responsabilid
Abierto el debate, el fiscal federal Zurueta explicó al juez que las partes habían arribado a un acuerdo de partes mediante convenciones probatorias en cuanto a lo que hace a la responsabilidad penal de ambos acusados, lo que se sucedió en la audiencia de Control de Acusación.
En razón de ello, es que el auto de apertura de juicio no registra ninguna prueba a producir en el debate respecto a la responsabilidad penal, por lo que solo restaba avanzar con la determinación de las penas. No obstante, desarrolló de manera amplia la plataforma fáctica del caso, con una descripción detallada del hecho, las evidencias reunidas y demás elementos que llevaron a mantener la imputación delictiva.
La fiscalía mencionó el relato de los efectivos que intervinieron en el control rutero, la persecución y posterior detención, quienes refirieron que el camión intentó embestirlos.
Entre otros puntos, resaltó el resultado de la pericia de uno de los teléfonos secuestrados, puesto que se obtuvieron datos que demostraron claramente que el transporte se hizo con la ayuda de terceras personas que básicamente, iban oficiando como "coches punteros" en la ruta, a fin de evitar la intervención de las fuerzas de seguridad.
También se tuvo en cuenta que, si bien ninguno de los dos acusados era el titular registral del camión en donde llevaban la droga, sí se pudo acreditar que la dueña del rodado es una mujer que tenía una relación cercana con Meriles y que él tenía plena disposición del camión en todo momento.
En función de estas evidencias, las que motivaron las convenciones probatorias acordadas, el fiscal requirió que formalice la declaración de responsabilidad penal de los acusados en el hecho, bajo la calificación legal ya atribuida.
Condena
El juez coincidió con la fiscalía y homologó el acuerdo respecto a la responsabilidad penal de ambos acusados.
A continuación, ingresó a la etapa de determinación de la pena, instancias en la que la fiscalía solicitó para los dos imputados una pena de 11 años de prisión en función de la gravedad del hecho y el daño en abstracto representado en la importante carga de droga secuestrada.
La defensa de Meriles, por su parte, solicitó 6 años de prisión, mientras que el defensor de Díaz requirió que la pena impuesta a su representado sea de 8 años y 4 meses.
Tras evaluar la situación, el juez fijó una pena de 10 años para ambos acusados, uno menos de lo requerido por la fiscalía. Asimismo, dispuso el decomiso del camión, los teléfonos celulares y una suma de dinero, estimada en poco más de 90 mil pesos.