En Jujuy, el derecho a un hábitat digno está en crisis. Detrás de las postales de los cerros de siete colores y paisajes de ensueño, miles de familias jujeñas viven una realidad completamente distinta: hacinamiento, falta de servicios básicos, tenencia irregular de la tierra y un horizonte cada vez más incierto para acceder a una vivienda propia.
El problema no es nuevo, pero la falta de respuestas lo ha profundizado hasta convertirlo en una emergencia social que exige ser atendida con planificación.
UN DIAGNÓSTICO ALARMANTE
Los números hablan por sí solos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), Jujuy cuenta actualmente con 159 barrios populares, donde viven familias que no tienen título de propiedad y carecen de acceso regular a dos o más servicios básicos. El crecimiento de estos asentamientos informales en las últimas décadas es un termómetro de la crisis habitacional que atraviesa la provincia.
Pero la dimensión del problema va mucho más allá:
64.600 familias no disponen de vivienda propia. Esa cifra representa el 26,3% de los hogares jujeños (Censo 2022, INDEC).
119.872 personas no tienen vivienda propia ni alquilan, sino que viven en espacios físicos prestados o en situaciones de precariedad jurídica (Censo 2022, INDEC).
7.565 familias constituyen el déficit habitacional absoluto: viven en hacinamiento extremo, compartiendo terreno con otra familia (Informe López con datos del Censo 2022 y CONICET).
16.598 viviendas están construidas con materiales precarios como chapa de cartón, caña o paja (Anuario Estadístico DiPEC 2022).
El 7,8% de los hogares en situación de pobreza vive con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), muy por encima de la media nacional (3,7%) (Informe CONICET-UE CISOR N°2, 2023).
62.847 hogares pobres (el 73,8%) no tienen acceso pleno a servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas (Informe CONICET-UE CISOR N°2, 2023).
40.617 hogares pobres (el 47,7%) habitan viviendas con materiales insuficientes (Informe CONICET-UE CISOR N°2, 2023).
Fuentes: Censo 2022 (INDEC), Informe Técnico N° 2 "Pobreza monetaria en Jujuy 2023" (CONICET-UE CISOR), Anuario Estadístico DiPEC 2022 y Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
El caso testigo: Barrio Aero Club
Un ejemplo paradigmático de esta realidad es el barrio Aero Club, en Alto Comedero, donde 4.000 familias carecen de acceso formal a servicios básicos: no tienen luz domiciliaria con medidor, ni agua potable formal, ni conexión a la red cloacal. Están rodeados de infraestructura, pero excluidos de ella.
TRES GENERACIONES BAJO EL MISMO TECHO
Uno de los rostros más crudos de esta crisis es el hacinamiento intergeneracional. Abuelos, hijos y nietos conviven en un mismo hogar porque no existe la posibilidad real de acceder a un terreno propio con servicios. Esta situación, además de degradar la calidad de vida, profundiza la violencia intrafamiliar, afecta la salud mental y vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Y cuando hablamos de "servicios", no nos referimos solo a agua y luz. Hablamos de escuelas donde se necesitan, centros de salud donde crecen los barrios, espacios verdes para la recreación, transporte público no saturado, escuelas de oficios y lugares para desarrollar emprendimientos productivos y comerciales donde los trabajadores de la economía popular puedan sostener y mejorar sus ingresos.
Porque el hábitat no es solo el techo. El hábitat es la vida entera que se despliega a su alrededor.
POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE ANUNCIOS Y REALIDADES
Los anuncios provinciales
En su discurso de apertura de sesiones legislativas de 2026, el gobernador Carlos Sadir anunció un ambicioso plan de obras públicas que incluye la construcción de más de 3.000 viviendas en toda la provincia, mediante un esquema mixto que combina inversión pública con proyectos público-privados. También se informó sobre la regularización de 836 lotes fiscales y la entrega de 283 escrituras.
Sin embargo, estas cifras contrastan fuertemente con la magnitud de la demanda. Si se considera que 40.000 familias están inscriptas en el IVUJ (según estimaciones de organizaciones sociales y relevamientos propios), las 3.000 viviendas anunciadas representan apenas el 7,5% de esa demanda. A ese ritmo, se necesitarán más de 13 años para cubrir la lista de espera actual, sin considerar el crecimiento demográfico y la nueva demanda que se genera día a día.
El presupuesto 2026: ¿alcanza?
El Presupuesto provincial 2026 destina $7.374 millones a vivienda y urbanismo. El gobierno se limita prácticamente a finalizar obras de años anteriores y, frente al ajuste nacional, no genera nuevas alternativas de financiamiento.
Además, se habilitó un endeudamiento por 250 millones de dólares para un plan de viviendas que, según críticas de la oposición, no serían populares, sino que bajo un esquema de créditos en UBI (Unidades de Bien Inmueble) , que ajustan por inflación, limitan el acceso de las familias de menores ingresos y atan las cuotas al dólar.
LA CRISIS HABITACIONAL Y EL COSTO DE VIDA
El problema del hábitat no puede entenderse separado de la crisis económica que atraviesan las familias jujeñas. La Canasta Básica Total para un hogar tipo de cuatro integrantes ronda actualmente los $1.257.329. Ese es el piso de supervivencia. Mientras tanto, el salario mínimo provincial apenas alcanza para cubrir el 60% de esa canasta.
La economía jujeña, fuertemente apoyada en servicios, comercio, empleo público, informalidad y changas, se contrae cuando el bolsillo se achica. Hogares que se sostienen "en equipo" porque un solo sueldo no alcanza, personas que suman horas, turnos, aplicaciones y reventa para llegar a fin de mes. No siempre es desempleo: es empleo de baja potencia, que no logra cruzar el umbral de vida digna aunque haya trabajo.
En este contexto, discutir el acceso a la vivienda sin discutir el acceso a un ingreso digno es incompleto. La casa propia no puede ser un privilegio, pero tampoco puede convertirse en una condena financiera que hipoteque el futuro de las familias.
LA MEMORIA QUE ADVIERTE: 2011
No podemos hablar de hábitat en Jujuy sin recordar lo que ocurrió en julio de 2011 en Libertador General San Martín. Allí, un violento desalojo a familias que ocupaban un predio de la empresa Ledesma terminó con cuatro personas fallecidas: Juan José Velázquez (37 años, jardinero, padre de cuatro hijos), el policía Alejandro Emanuel Farfán, Ariel Farfán (17 años) y Félix Reyes (22 años).
El hecho conmocionó a la provincia y dejó una lección imborrable: la falta de respuestas del Estado en materia habitacional puede derivar en tragedias. La respuesta represiva no resuelve el problema, lo agrava: tras aquel desalojo violento, las tomas se multiplicaron en lugar de disminuir.
Por eso, desde la Mesa del Hábitat lo decimos con claridad: no podemos esperar nuevamente a que se realicen tomas masivas de tierras para recién entonces prestar atención. No podemos correr el riesgo de que haya muertos por un pedazo de tierra. Eso ya pasó en Jujuy y no podemos permitir que vuelva a suceder. La solución tiene que llegar antes, con planificación, con diálogo, con políticas públicas pensadas en serio.
CONSTRUIR HÁBITAT, NO SOLO VIVIENDAS
La experiencia nos ha enseñado que urbanizar es mucho más que construir casas. Una política pública digna es la que garantiza, desde el principio, todo lo necesario para vivir:
Escuelas y jardines maternales
Centros de salud
Espacios verdes y recreativos
Transporte público eficiente
Escuelas de oficios y espacios de capacitación
Polos productivos y comerciales para la economía popular
Iluminación y veredas en condiciones
La planificación urbana no puede limitarse a entregar lotes: tiene que garantizar las condiciones para una vida digna en su conjunto.
