Por Santiago Tomás González Díaz
El Gobierno nacional parece haber abandonado una postura inicial de suma cero para explorar mejores resultantes en los procesos de reforma estructural. El respiro que implicó un resultado no esperado en las elecciones de medio término le otorgó un margen de maniobra adicional para avanzar con su proyecto político.
El año 2025 cerró con un notable empuje legislativo; sin embargo, los principales dirigentes parecen haber pasado por alto que, aun con apoyo popular favorable, el oficialismo no cuenta con mayorías automáticas para aprobar leyes sin negociar. En este escenario, los gobernadores conservan un rol decisivo: intercambiar el respaldo de sus diputados y senadores por recursos. La paradoja es evidente: ¿cómo construir poder territorial sin confrontar abiertamente con quienes lo detentan?
La estrategia del Gobierno nacional no es de choque frontal, sino de desplazamiento del conflicto. Los costos políticos se externalizan hacia los actores provinciales, mientras el Ejecutivo preserva una imagen institucional.
En los hechos, el Gobierno nacional evita involucrarse de manera directa o al menos busca que así lo parezca. Causas judiciales que rozan figuras políticas locales, desastres climáticos o ambientales que exponen deficiencias de gestión provincial, o participaciones en eventos sin carácter oficial operan como mecanismos de presión indirecta. La ruptura de las relaciones cordiales queda en manos de los dirigentes provinciales, mientras el presidente se mantiene formalmente al margen.
Esta dinámica puede leerse como un juego estratégico entre actores interdependientes, donde las decisiones de cooperación o confrontación no producen ganancias absolutas, sino resultados variables según el comportamiento del otro. No se trata de un juego de suma cero, sino de un esquema de cooperación condicionada, atravesado por amenazas implícitas.
La estrategia es indirecta, pero impacta sobre la gobernabilidad provincial. El objetivo no es romper el equilibrio de poder, sino administrarlo para obtener el respaldo necesario. Al mismo tiempo, el discurso oficial, aun con errores de gestión, continúa condicionando la agenda nacional, que luego se derrama en las provincias. La sociedad ha demostrado que está dispuesta a votar candidatos desconocidos si estos se alinean con el presidente, lo que constituye un riesgo latente para los gobernadores, especialmente de cara a sus aspiraciones de reelección o preservación del poder territorial.
El problema es que el peronismo nacional se encuentra desarticulado y el escenario sugiere que, en muchos casos, la mejor estrategia ha sido no cooperar, sino refugiarse en discursos provinciales que resultan insuficientes a la luz de los resultados electorales. La oposición mantiene este vínculo ambiguo porque no existen incentivos claros para actuar en sentido contrario. Así, oscila entre quienes formaron parte de la alianza Cambiemos, con dudas entre preservar su identidad o ser fagocitados por La Libertad Avanza, y un peronismo concentrado en desprenderse del rótulo kirchnerista y ensayar una renovación de liderazgos.
En ninguno de los espacios se observa una construcción sólida de propuestas o alternativas que contrasten claramente con el modelo nacional. Al menos, la sociedad no las identifica como tales. Quienes expresan rechazo en las encuestas lo hacen mayormente por malestar económico, pero los referentes peronistas no logran canalizar ese descontento en una adhesión capaz de poner en riesgo, por ahora, la imagen presidencial.
A menos de dos años de nuevas elecciones nacionales y provinciales, el interrogante es hasta cuándo será sostenible este equilibrio de buenas relaciones. En juegos políticos con horizonte temporal finito, la racionalidad de los actores se modifica a medida que se aproxima el cierre: la cooperación temprana es más probable que la tardía, y la confrontación suele concentrarse cuando los costos futuros pierden relevancia.
La oportunidad se abre tanto para quienes buscan ampliar sus cuotas de poder como para quienes intentan preservarlas. Desde esta perspectiva, el pragmatismo despeja dudas: la realidad demuestra que la lógica peronismo versus antiperonismo continúa vigente, incluso por encima de la dicotomía izquierda-derecha planteada por el discurso mileísta. Si los dirigentes provinciales logran leer este clivaje, las posibilidades de construir propuestas alternativas se vuelven más factibles y electoralmente atractivas.
En cualquier caso, el juego no es de suma cero. Al gobierno nacional le restan casi dos años para continuar negociando reformas, mientras despliega actores políticos locales que cuestionan las gestiones provinciales. La disyuntiva será cooperar sin ceder o confrontar sin romper.
Mientras el Ejecutivo conserve capacidad de agenda y el electorado siga premiando la alineación por sobre la identidad territorial, el juego tenderá a sostenerse en un equilibrio incómodo. La pregunta no es si habrá ruptura, sino quién la ejecutará primero y en qué momento.
(*) Santiago Tomás González Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y magister en Gestión Política.