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11 de Abril,  Jujuy, Argentina
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Las falsas amenazas de bomba son un delito penal y no una broma

La Ley de Seguridad Aeroportuaria prevé cárcel y el veto de por vida para quienes activen los protocolos de emergencia.

Sabado, 11 de abril de 2026 17:19

Lo que ocurrió este sábado en el aeropuerto de Jujuy con el jugador Emiliano Endrizzi no es un hecho aislado, sino una infracción grave a la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria. En Argentina, lanzar una frase en publico sobre un explosivo, deja de ser un "comentario desafortunado" para convertirse en un delito. Esta normativa federal es la que obliga a la PSA a evacuar aviones y paralizar aeropuertos, en donde la justicia actúa con el Código Penal.

Las consecuencias de esta "broma", el responsable debe enfrentar no solo la detención, sino también el costo por las demoras de los vuelos. La ley es clara: el entorpecimiento del transporte aéreo es un delito que puede llevar a una persona directamente a la cárcel, sumado a la prohibición definitiva de volver a subir a un avión.

Mientras el plantel de Gimnasia tuvo que reprogramar su logística para el partido frente a Agropecuario, Endrizzi sigue detenido esperando una resolución judicial que definirá su futuro. Con dos amenazas de bomba en menos de 48 horas en la provincia, las autoridades refuerzan el mensaje de quien rompe la seguridad de un aeropuerto, debe responder ante la justicia federal.


Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria:

En Argentina, hacer una falsa amenaza de bomba en un avión o en un aeropuerto no es una broma: es un delito. Se encuadra en el Código Penal de la Nación Argentina bajo figuras como intimidación pública y entorpecimiento del transporte, y puede derivar en penas de prisión, según la gravedad del caso.
Además, cada amenaza activa protocolos de emergencia según la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, evacuaciones, inspecciones y demoras que afectan a cientos de pasajeros y generan pérdidas millonarias.
A las consecuencias penales se suman sanciones económicas y civiles: multas, demandas por daños y perjuicios y el veto de por vida para volar impuesto por aerolíneas y autoridades. En definitiva, una amenaza falsa puede costar la libertad, el dinero y el derecho a volver a subir a un avión.

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