Jacques Delors, notable dirigente y pensador francés reconocido como principal impulsor de la Unión Europea, la supresión de controles fronterizos internos, y creador del Euro como moneda única, hacia fines del siglo pasado, también realizó aportes invalorables a la educación.
Como presidente de la Comisión Europea creó, en 1987, el Programa Erasmus, un fantástico plan de movilidad de alumnos universitarios que pueden completar sus carreras estudiando entre instituciones de su país de origen y otros de Europa. Hasta nuestros días millones de estudiantes han accedido a este Programa, financiado por la Unión, que ha influido, sin dudas, en la cohesión continental.
También, Delors, presidió una importante comisión de la Unesco sobre Educación para reflexionar sobre los desafíos que se asomaban en el siglo presente.
Desde esa responsabilidad, definía que el principal objetivo de la educación es "enseñar a vivir mejor". Y, asimismo, proponía que antes que profundas reformas que tardaban años en consolidarse, y comprenderse por parte de alumnos, padres, docentes e instituciones, era aconsejable concretar planes flexibles que con ajustes mas modestos y frecuentes acompañen los cambios tecnológicos que ocurren en la sociedad actual.
En nuestro país ya conocemos estas reformas profundas que no terminan de aplicarse y ya se reemplazan por otra más nueva.
Ahora la Secretaría de Educación nacional (ya no hay ministerio) ha propuesto una nueva legislación de 136 artículos, muy controvertida y que, según versiones periodísticas, sería acompañada por empresas como Techint.
En sus definiciones, el proyecto establece que ya la familia y el Estado no están en un pie de igualdad como responsables de la educación. Este ultimo pasa a ser un actor subsidiario de la primera.
Quienes imparten enseñanza no son designados "docentes" se los denomina "agentes educativos" y son aquellas personas que ejercen tanto funciones de enseñanza, como de orientación o acompañamiento.
Se propone que el financiamiento sea equitativo entre instituciones estatales o privadas, tomando en cuenta a los estudiantes. Para los críticos esto abre la posibilidad de destinar los recursos a los alumnos, lo que se conoce como "voucher". De manera complementaria el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Poder Ejecutivo elimina la obligación de destinar a la educación al menos un 6% del PBI entre Nación y Provincias.
La iniciativa contempla la educación puede ofrecerse en el hogar impartida por padres o tutores, aunque no posean competencias docentes.
Prácticamente se elimina la Ley de Educación Técnica que hace dos décadas permitió recuperar una modalidad tan importante para la formación para el trabajo. Lo mismo sucedería con el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. También deja en el pasado la Caja Complementaria para la Actividad Docente.
En lo que hace a las universidades nacionales propone que los recursos sean distribuidos en función de matrícula, tipos de carreras, proyectos de investigación, y numero de egresados. Ahora el Consejo Interuniversitario Nacional solo podrá "sugerir" otros criterios.
Desde Manuel Belgrano, uno de los padres fundadores de la educación en la Argentina, hasta hoy, la escuela, el colegio, las universidades, son las instituciones que más orgullo y confianza generan en la sociedad. Y desde la Ley 1.420 del siglo XIX el papel central del Estado ha garantizado el desarrollo de la enseñanza.
Aun así, también hay consenso en que siempre hay cambios que deben realizarse en todos los niveles. Pero que sean ajustes para mejorar. Un proyecto que busca fragmentar, atomizar y promover la incertidumbre en el sistema educativo no es el camino. Como decía Delors: enseñar a vivir mejor.
