Después de la primera vuelta de la elección presidencial del domingo 16 de noviembre, la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista/ Unidad por Chile), se impuso con el 26,85% de los votos y segundo quedó José Antonio Kast del Partido Republicano, con el 23,92%; ambos candidatos deberán medirse en el balotaje del próximo 14 de diciembre.
De esta manera Chile define su futuro y los temas de debate continúan más que nunca en la agenda de los dos candidatos que llegaron: seguridad, migración, economía y regiones en tensión.
La llegada a la segunda vuelta bajo un sistema de voto obligatorio es un hecho que amplía la participación y obliga a los candidatos a dirigirse también al electorado que no solía movilizarse. Esto ocurre en un país marcado por el cansancio social, la desaceleración económica y una exigencia creciente de seguridad, control migratorio y empleo digno: cifras del INE indican que aproximadamente una de cada cuatro personas ocupadas en Chile se encuentra en una situación de empleo informal. Sin embargo, otras fuentes, como la Superintendencia de Pensiones (SP), reportaron una cifra superior del 37,7% para mayo de 2025.
Aunque sigue siendo una de las economías más estables de América Latina, la realidad es que los ingresos de los hogares pierden poder adquisitivo. A noviembre de 2025, el salario mínimo mensual en Chile es de aproximadamente 565 a 567 dólares estadounidenses; la informalidad profesional se mantiene alta y muchos chilenos sienten que los beneficios del modelo no llegan a ellos.
A esta tensión se suma la percepción palpable de que el Estado perdió capacidad de control: la inseguridad, antes prácticamente residual, ha mostrado un repunte significativo, la tasa de homicidios pasó de 2,32 por cada 100.000 habitantes en 2015 a cerca de 6 en 2024.
Por otro lado, el tema de las migraciones es polémico y está en el centro de la escena -por ventajas concedidas en el marco de la Alianza del Pacífico-, según datos oficiales, en 2023 residían cerca de 1.918.583 personas nacidas en otro país, lo que representa casi el 10 % de la población total. Muchos inmigrantes llegaron buscando oportunidades derivadas del atractivo económico de Chile y los regímenes de libre circulación regional, pero hoy el acelerado crecimiento de esa población genera preocupación justamente en claves que tienen que ver con la demanda social: vivienda, empleo formal, servicios públicos, integración.
Sin embargo, el hecho de que la migración irregular haya escalado -con estimaciones de 336.984 migrantes en situación irregular en 2023, que representan el 17,6 % de los residentes extranjeros- sí alimenta la sensación de urgencia.
Los problemas de inseguridad y el aumento del crimen organizado (la entrada y expansión de organizaciones criminales transnacionales como el "Tren de Aragua"), han generado alarma y es un punto central de discusión. La preocupación ciudadana por estos temas es muy alta y ha llevado a los candidatos a endurecer sus discursos, especialmente en torno a la idea de la "mano dura".
Kast ha presentado el "Plan Implacable", que busca recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, dar mayor respaldo a Carabineros y enfrentar el crimen organizado con firmeza. Una de sus ideas más polémicas incluye la posibilidad de llegar a acuerdos con países como El Salvador para enviar delincuentes extranjeros a sus mega cárceles.
Jara también ha endurecido su discurso, reconociendo el "problema grave" con el crimen organizado, pero su programa prioriza un enfoque preventivo e integral. Aboga por la expulsión más rápida de extranjeros que cometan delitos y por el fortalecimiento de la fiscalía y las defensorías de las víctimas
Un elemento estructural que refracta el malestar es la reforma constitucional que otorgó mayor autonomía a las regiones y abrió la elección directa de gobernadores regionales. Este cambio debilitó el centralismo tradicional de Santiago y generó nuevas dinámicas de poder territorial: hoy las regiones mineras del norte y agrícolas del sur tienen mayor protagonismo en decisiones sobre recursos naturales, seguridad, infraestructura y migración.
En este tejido, la producción de cobre adquiere un rol primordial. Chile sigue siendo el principal productor mundial de cobre, pero la riqueza de este recurso no se traduce plenamente en bienestar para la población. La caída en la ley del mineral, la necesidad de inversiones nuevas, y las demandas de las regiones por regalías más justas configuran un escenario de tensión entre el modelo extractivo y la distribución social de sus beneficios. A pesar de los altos precios, se proyecta un crecimiento de la producción chilena de solo un 0,1% en 2025 (alrededor de 5,51 millones de toneladas), debido a desafíos operativos.
Las expectativas desde el Norte argentino -especialmente en Jujuy y Salta- viene acompañado de consecuencias concretas, las decisiones que adopte el país trasandino en materia de comercio, seguridad fronteriza y política regional tendrán impacto directo sobre el funcionamiento de la gobernanza conjunta del corredor vial bioceánico de Capricornio y obviamente del Paso de Jama.
Esta elección no es solamente de Chile: es una bifurcación que impacta a toda la región y define cómo se construirá una integración verdaderamente equilibrada.
La segunda vuelta chilena no define solo quién gobernará, define cómo un país que alguna vez se pensó como "modelo" enfrentará su mayor crisis de expectativas en décadas.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).
