Según el relevamiento realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2025, 178 mujeres fueron asesinadas en Argentina por motivos de género. La cifra implica que, en promedio, se cometió un femicidio cada 36 horas en el país.
El informe, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales, destaca que al menos 287 intentos de femicidio no lograron consumarse en el mismo período. Uno de los datos que sobresale es que solo el 15% de las víctimas había realizado una denuncia formal contra su agresor antes del hecho fatal. Además, se identificó que 14 de los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad.
La organización señaló que estos femicidios tienen un impacto devastador en el entorno familiar, dejando al menos 149 niños, niñas y adolescentes sin sus madres. Un caso que tuvo amplia repercusión mediática fue el triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, el cual puso en evidencia discusiones sobre la vulnerabilidad de las jóvenes.
Desde el observatorio se estableció un vínculo entre la violencia de género y factores socioeconómicos. Citando datos del INDEC, se indicó que una de cada cinco mujeres jóvenes busca empleo y no lo consigue. Esta situación de precariedad, según el análisis, incrementa la vulnerabilidad y la exposición a formas extremas de violencia.
El informe también hace referencia a un contexto específico de violencia, identificando al menos 12 femicidios en 2025 que ocurrieron en el marco de la narcocriminalidad. Según la perspectiva del observatorio, las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ son empujadas a economías ilegales y sus muertes suelen ser invisibilizadas o cubiertas por los medios con un enfoque estigmatizante.
En el marco de los 10 años de la campaña #NiUnaMenos, el observatorio aportó datos históricos que indican que, en la última década, el 23% de las jóvenes víctimas de femicidio había desaparecido previamente y el 21% había sufrido ataques sexuales antes de ser asesinadas. La organización concluye exigiendo políticas públicas concretas contra la violencia machista y la aplicación de la Ley Micaela en los medios de comunicación para evitar la revictimización.
