La Justicia boliviana dictó seis meses de prisión preventiva contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su presunta implicancia en el paro de 36 días en el departamento cruceño entre octubre y noviembre del 2022, en protesta por la fecha para la realización de un censo de población y vivienda.
La sentencia, que se conoció a última hora de ayer, fue dictada por el juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, en una maratónica audiencia que duró poco más de ocho horas.
Un día antes, esta misma autoridad dispuso ampliar por otros cuatro meses la detención de Camacho dentro del caso "Golpe de Estado I", que investiga la salida de Evo Morales de la presidencia boliviana en 2019 tras presiones de las Fuerzas Armadas.
"Determinamos que, por el momento, el señor Luis Fernando Camacho deberá mantener una detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el tiempo de seis meses que había solicitado el Ministerio Público y las demás instituciones", sentenció Laura, según recogió el diario boliviano El Deber.
Camacho es investigado por varios delitos, entre los que se destacan "terrorismo, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas".
Si bien no es el único líder de la provincia de Santa Cruz denunciado por el paro, sí es el único que quedó imputado.
El 22 de octubre pasado, un "movimiento cívico" que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, convocó a un paro por tiempo indefinido para exigir que el censo sea en 2023, en lugar de 2024, como había propuesto el gobierno nacional, dado que condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
Después de semanas de conflicto, en las que cuatro personas murieron y 178 resultaron heridas, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara, lo que finalmente ocurrió, estableciendo que el censo se realice el 23 de marzo de 2024.
Camacho, que asistió a la audiencia virtual vistiendo la banda de gobernador, hizo uso de la palabra para solicitar que se respete al pueblo cruceño, luego de que un abogado de la parte acusadora se refiriera como "muchedumbre" a los participantes del cabildo que decretó el paro.
"Fue un millón y medio de personas, que, si bien no las convoqué yo, y tampoco participé de las preguntas y de la tarima, y estuve abajo, el pueblo merece respeto, porque el precio de estar ahí es la cárcel que me ha tocado", dijo Camacho.
El sábado se cumplen cuatro meses de la detención preventiva del gobernador en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por el caso "Golpe de Estado I", pero el gobernador seguirá detenido porque en audiencias recientes se le impusieron otros cuatro meses por este caso y seis por su presunta responsabilidad en el paro.
Además de estos dos casos, Camacho también enfrenta cargos por la supuesta compra irregular de un carro de bomberos y por el polémico Decreto Departamental 373, con el cual durante una ausencia suya le quitó atribuciones al vicegobernador y las delegó a su secretario de Gestión Institucional.
