El diputado provincial Rubén Armando Rivarola, presidente del Partido Justicialista de Jujuy, se manifestó ayer muy preocupado por las situaciones de conflicto que viene generando el Ministerio de Educación de la Provincia, y que están llegando por estas horas a crisis y enfrentamientos que ya exceden el marco de lo puramente educativo y se trasladan al seno de la sociedad como una forma de grave conmoción social.
"La ministra Isolda Calsina, aunque diga lo contrario, demuestra seguir sistemáticamente un método de ataque a la educación pública y gratuita, mediante decisiones autoritarias que rechazan la participación y las opiniones diferentes de los distintos sectores de la comunidad educativa, y con ello, desdibujan el carácter democrático que se debe observar, precisamente en los ámbitos de formación de niños y adolescentes", opinó el legislador.
"Ya pasamos por diferentes conflictos y enfrentamientos, que se fueron solucionando gracias a la voluntad de los docentes, padres y alumnos. Pero esta vez, la acumulación de problemas generados desde el Ministerio, ha reunido al traslado de la escuela de Teatro "Tito Guerra", institución notable de la vida cultural jujeña, para que comparta el edificio con la escuela especial "Helen Keller', otra entidad señera en el quehacer educativo de nuestra provincia -y modelo en el país- dedicada a la educación e integración de niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Se trata de una decisión absurda, totalmente reñida con las más elementales precisiones que se tienen acerca de las características educativas que deben observarse, desde lo pedagógico hasta lo edilicio, lo que transforma en irracional la medida adoptada por la ministra". "Como ya dije -abundó el vicepresidente segundo de la Legislatura- aparece inmediatamente otra de las características lamentables del Ministerio: la sordera. Se presentan las decisiones tomadas, no se escuchan razones, se desprecian los pedidos de los padres de los alumnos y de los docentes especializados. Y lo que es más delicado, no se tienen en cuenta las exigencias y los derechos de los estudiantes".
"Otro tema que generó irritación en la comunidad en general, fue el cierre de los Ceija. Centros de terminalidad educativa para jóvenes y adultos, en los que muchos jujeños y jujeñas, pueden realizar el sueño de concluir sus estudios secundarios", amplió Rivarola.
"Yo no quiero pecar de soberbio ni de especialista, y debo reconocer como dice la ministra Calsina, que es probable que los Ceija hayan tenido defectos en su concepción y hasta irregularidades muy graves en su funcionamiento. Pero no veo que sea esa la preocupación de Calsina, de transparentar la acción de directivos y docentes de esos centros a quienes debería exigirles explicaciones y rendición de cuentas de su accionar. En cambio, parece intolerable que para defender sus decisiones, la ministra Calsina sólo atine a hacer las peores dos cosas que un funcionario en convivencia democrática puede hacer: recurrir al simplismo torpe de culpar a la oposición que con toda legitimidad y derecho acompaña los reclamos estudiantiles, culpándola por alentar problemas en procura supuestamente de sacar provecho del escándalo. Y luego, manda a la Policía a arrestar a los estudiantes que reclamaban, con la consecuencia de los malos tratos, los golpes y la afrenta que significa un procedimiento de ese tipo, que, fue tan mal realizado, que hasta terminó encarcelando a referentes políticos y a una concejal de la ciudad".
"En este panorama, lo único que no prioriza la ministra es el interés superior de los educandos y eso es lamentable".
"Entiendo que en todos estos casos, como en muchos anteriores, lo que hace la ministra es avasallar el derecho a la educación, es muy triste su papel atentando contra la educación, y especialmente, en los casos tan particulares de quienes a pesar de su edad, se desviven por alcanzar la escolaridad mínima indispensable para integrarse a la sociedad, o de aquellos que sufriendo alguna discapacidad, luchan y se esfuerzan junto a sus familias por superar las dificultades contando para ello con el amparo y la comprensión indispensable del Estado, que los ayuda a superar carencias y discriminaciones". Finalmente, el diputado expresó su contrariedad, "ya que conozco la voluntad del gobernador de actuar exactamente en el sentido contrario a estas acciones de la ministra, que terminan por hacerle pagar al Poder Ejecutivo los costos de actitudes erráticas, autoritarias y soberbias".