El Foro Penal Venezolano, una ong de defensa de derechos humanos, denunció ayer que 22 de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) detenidos en una protesta callejera en el norteño estado Aragua y juzgados por un tribunal militar serán enviados a dos cárceles en otros estados del país.
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El Foro Penal Venezolano, una ong de defensa de derechos humanos, denunció ayer que 22 de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) detenidos en una protesta callejera en el norteño estado Aragua y juzgados por un tribunal militar serán enviados a dos cárceles en otros estados del país.
El penalista y representante del Foro Penal en esa jurisdicción, Dimas Rivas, indicó a través de su cuenta en Twitter que a los 27 estudiantes les imputaron los delitos de "instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad".
Según detalló Rivas, el juez militar dictó arresto domiciliario para las cinco mujeres que hay entre los 27 estudiantes.
De los 22 hombres detenidos, la mitad será recluido en la cárcel de El Dorado, en el sureño estado Bolívar, y el resto en el Centro para Procesados "26 de Julio" en el céntrico estado Guárico.
El abogado explicó que la audiencia duró alrrededor de 10 horas y la decisión se tomó "entre amenazas e intimidaciones a imputados y abogados".
El centro académico suspendió las clases tras la redada del domingo, una medida que ya debió tomar hace mes y medio cuando cinco de sus estudiantes fueron tiroteados por la Guardia Nacional (GNB) y uno de ellos murió días más tarde.
La violencia desatada durante la ola de protestas contra el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, que desde hace más de tres meses sacude al país, ya ha dejado un saldo de 84 muertos y 4.658 procesados ante la Justicia por diferentes delitos, según informó hoy la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
"Tenemos 4.658 procesados no solamente con las muertes y las lesiones, sino también por los daños a la propiedad pública y privada", aclaró la fiscal en una comparecencia desde el Ministerio Público en Caracas.
La cifra de muertos del MP sube la que hasta acá se manejaba oficialmente.
Nuevo “trancazo” en las calles deja otro muerto
Un joven de 25 años murió ayer en disturbios durante un bloqueo de calles que realizaron opositores del gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y varias ciudades del país, con lo que suman 84 los fallecidos en tres meses de protestas.
La Fiscalía confirmó la muerte de Engelbert Duque, de 25 años, en una manifestación en la localidad de Táriba, en el occidental estado (Táchira), en circunstancias que están siendo investigadas.
Dirigentes opositores denunciaron también que grupos armados afines al gobierno, golpearon y dispararon contra los manifestantes en distintas zonas del centro y oeste de Caracas, como San Bernardino, Montalbán y El Paraíso.
“Grupos paramilitares dispararon y lanzaron fuegos artificiales contra la entrada del (privado) Hospital de Clínicas Caracas (donde se resguardaron los manifestantes); tres heridos”, aseguró en un video en Twitter el diputado opositor José Manuel Olivares.
En Chacao, este de Caracas, grupos de trabajadores bajaron de sus oficinas para unirse al denominado “trancazo” como parte de las protestas opositoras.
Cinco días
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que realizó ayer una audiencia preliminar para evaluar un eventual juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a pedido de un diputado oficialista, anunció que una decisión será comunicada en cinco días, mientras la cuestionada funcionaria consideró que se está frente a un “golpe de Estado grotesco” y el oficialismo hizo jurar a una nueva vicefiscal para reemplazarla si prospera el proceso.
“Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar”, dijo el presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, tras escuchar los argumentos de los acusadores y de un defensor público, en representación de Ortega Díaz, quien rechazó asistir porque desconoce la legitimidad de la corte para impulsar un proceso.
Según Ortega Díaz, el organismo investigó "cada uno de los hechos que han ocurrido durante estos meses de violencia" y aseguró que al menos 70 personas fueron acusadas formalmente por uno o más delitos, pero advirtió que, en "muchos" de los casos de muertes registradas durante las manifestaciones, la Fiscalía no ha podido ejercer la acción penal debido a "obstáculos", y citó como ejemplo a cuerpos policiales que no hicieron efectivas órdenes de captura.
Asimismo, denunció como un "gran obstáculo" el hecho que la Justicia Militar esté procesando a civiles y niegue al Ministerio Público verificar las condiciones de esos detenidos.