Diferentes sanatorios tucumanos comenzaron a restringir la atención a los afiliados del Pami debido a que rechazan el nuevo modelo de prestaciones que la obra social implementará desde hoy. Sin embargo, destacaron que en las clínicas se seguirán atendiendo las urgencias.
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Diferentes sanatorios tucumanos comenzaron a restringir la atención a los afiliados del Pami debido a que rechazan el nuevo modelo de prestaciones que la obra social implementará desde hoy. Sin embargo, destacaron que en las clínicas se seguirán atendiendo las urgencias.
Esta situación originada en la obra social acarreará un serio perjuicio a las personas de la tercera edad debido a que las instituciones están en alerta anunciando que no se podrá sostener el nuevo sistema de facturación.
El sistema de cápita, que comenzará a regir hoy, se le paga a un sanatorio o una clínica una suma fija por un número también fijo de afiliados, hayan recibido o no una prestación. Es decir, se le paga por un convenio para atender a cien personas, aunque sólo se atiendan a diez. Por tal motivo, los sanatorios y las clínicas decidieron restringir la atención a afiliados, suspendiendo las cirugías programadas y los turnos de consultas, garantizando solamente la atención de emergencias.
Antes se atendían donde querían y el Pami actuaba como una prepaga que cubría sus gastos. El problema es que, según denuncian las clínicas, el precio fijo que ofrece el ente estatal está muy por debajo de lo que necesitan para cubrir los gastos.
Renuncia del titular de Pami
El titular del Pami filial Tucumán, Isaías Ledesma, presentó su renuncia días atrás, la cual fue aceptada. La salida del funcionario era previsible tras la renuncia del titular del Pami nacional, Carlos Regazzoni, a quien respondía el abogado Ledesma. Desde su alejamiento nadie ocupa su lugar y las autoridades hasta el momento se guardaron al silencio, lo que aumenta aún más el conflicto entre Pami y las prestadoras.
Conflicto a resolver
El Pami tiene un presupuesto anual de 120 mil millones de pesos, que provienen de la recaudación de los aportes jubilatorios. Es el equivalente a la quinta provincia argentina en tamaño o a todo el blanqueo que hizo el gobierno. Además, tiene la población de un país: 5 millones de afiliados. El instituto previsional está gastando 900 millones más por mes de lo que le ingresa por presupuesto.
Los prestadores del Pami se deberán reunir y discutir las medidas a seguir. Analizar las alternativas legales y constitucionales frente a la resolución, las consecuencias sanitarias, el daño económico que les ocasiona, nuevas medidas legales para cobrar la deuda que el ente tiene con ellos y propuestas legales y gremiales para garantizar la atención de los jubilados resguardando la sobrevivencia de clínicas y profesionales que ven en riesgo su continuidad.
