El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ayer su informe anual de gobierno ante el máximo tribunal de justicia y no ante el parlamento, cuya mayoría opositora lo culpa de la devastación económica y social del país.
En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro acudió a rendir cuentas de su gestión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que la Asamblea Nacional lo declaró en "abandono del cargo", acusándolo de incumplir deberes y provocar la grave crisis que sufren los venezolanos.
"Eso es un acto bochornoso, una irresponsabilidad. Habrá justicia frente a tanto desacato y tanta conspiración", manifestó Maduro en su discurso, al referirse a la decisión parlamentaria, a la cual calificó de ser un "manifiesto golpista".
En la sede legislativa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró a la prensa que no presentar el informe ante la Asamblea ratifica que Maduro "está fuera de la Constitución".
Acusada por la oposición de servir al gobierno, la justicia autorizó a Maduro a no presentarse ante un Legislativo al que declaró hace cinco meses en "desacato" por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, el Parlamento está prácticamente desactivado. El TSJ ha emitido una treintena de sentencias desestimando o anulando sus actuaciones, incluidas leyes y declaraciones como la del "abandono de cargo".
Maduro, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato, aseguró que el año pasado fue "el más largo y el más duro" para su gobierno, y anunció que para continuar "cabalgando la crisis" entrará en vigor hoy el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó todo 2016.
El país con las mayores reservas de petróleo del mundo vivió en 2016 penurias con una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.
Maduro prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad. "Hay que cortar cabezas" en las empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció.
El gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado "carne de la Patria", necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.
Dividida en torno al diálogo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro lo descarta de plano e insiste en que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.
En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro acudió a rendir cuentas de su gestión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que la Asamblea Nacional lo declaró en "abandono del cargo", acusándolo de incumplir deberes y provocar la grave crisis que sufren los venezolanos.
"Eso es un acto bochornoso, una irresponsabilidad. Habrá justicia frente a tanto desacato y tanta conspiración", manifestó Maduro en su discurso, al referirse a la decisión parlamentaria, a la cual calificó de ser un "manifiesto golpista".
En la sede legislativa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró a la prensa que no presentar el informe ante la Asamblea ratifica que Maduro "está fuera de la Constitución".
Acusada por la oposición de servir al gobierno, la justicia autorizó a Maduro a no presentarse ante un Legislativo al que declaró hace cinco meses en "desacato" por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, el Parlamento está prácticamente desactivado. El TSJ ha emitido una treintena de sentencias desestimando o anulando sus actuaciones, incluidas leyes y declaraciones como la del "abandono de cargo".
Maduro, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato, aseguró que el año pasado fue "el más largo y el más duro" para su gobierno, y anunció que para continuar "cabalgando la crisis" entrará en vigor hoy el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó todo 2016.
El país con las mayores reservas de petróleo del mundo vivió en 2016 penurias con una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.
Maduro prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad. "Hay que cortar cabezas" en las empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció.
El gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado "carne de la Patria", necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.
Dividida en torno al diálogo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro lo descarta de plano e insiste en que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ayer su informe anual de gobierno ante el máximo tribunal de justicia y no ante el parlamento, cuya mayoría opositora lo culpa de la devastación económica y social del país.
En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro acudió a rendir cuentas de su gestión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que la Asamblea Nacional lo declaró en "abandono del cargo", acusándolo de incumplir deberes y provocar la grave crisis que sufren los venezolanos.
"Eso es un acto bochornoso, una irresponsabilidad. Habrá justicia frente a tanto desacato y tanta conspiración", manifestó Maduro en su discurso, al referirse a la decisión parlamentaria, a la cual calificó de ser un "manifiesto golpista".
En la sede legislativa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró a la prensa que no presentar el informe ante la Asamblea ratifica que Maduro "está fuera de la Constitución".
Acusada por la oposición de servir al gobierno, la justicia autorizó a Maduro a no presentarse ante un Legislativo al que declaró hace cinco meses en "desacato" por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, el Parlamento está prácticamente desactivado. El TSJ ha emitido una treintena de sentencias desestimando o anulando sus actuaciones, incluidas leyes y declaraciones como la del "abandono de cargo".
Maduro, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato, aseguró que el año pasado fue "el más largo y el más duro" para su gobierno, y anunció que para continuar "cabalgando la crisis" entrará en vigor hoy el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó todo 2016.
El país con las mayores reservas de petróleo del mundo vivió en 2016 penurias con una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.
Maduro prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad. "Hay que cortar cabezas" en las empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció.
El gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado "carne de la Patria", necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.
Dividida en torno al diálogo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro lo descarta de plano e insiste en que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.
En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro acudió a rendir cuentas de su gestión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), seis días después de que la Asamblea Nacional lo declaró en "abandono del cargo", acusándolo de incumplir deberes y provocar la grave crisis que sufren los venezolanos.
"Eso es un acto bochornoso, una irresponsabilidad. Habrá justicia frente a tanto desacato y tanta conspiración", manifestó Maduro en su discurso, al referirse a la decisión parlamentaria, a la cual calificó de ser un "manifiesto golpista".
En la sede legislativa, el presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró a la prensa que no presentar el informe ante la Asamblea ratifica que Maduro "está fuera de la Constitución".
Acusada por la oposición de servir al gobierno, la justicia autorizó a Maduro a no presentarse ante un Legislativo al que declaró hace cinco meses en "desacato" por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
Aunque la oposición arrasó en las legislativas de diciembre de 2015, el Parlamento está prácticamente desactivado. El TSJ ha emitido una treintena de sentencias desestimando o anulando sus actuaciones, incluidas leyes y declaraciones como la del "abandono de cargo".
Maduro, quien el 10 de enero cumplió cuatro de sus seis años de mandato, aseguró que el año pasado fue "el más largo y el más duro" para su gobierno, y anunció que para continuar "cabalgando la crisis" entrará en vigor hoy el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó todo 2016.
El país con las mayores reservas de petróleo del mundo vivió en 2016 penurias con una inflación galopante -según el FMI de 475%- y una severa escasez de alimentos y medicinas, que hicieron habituales las filas en los supermercados y provocaron incluso saqueos y protestas.
Maduro prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad. "Hay que cortar cabezas" en las empresas donde hay corrupción e ineficiencia, sentenció.
El gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado "carne de la Patria", necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.
Dividida en torno al diálogo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro lo descarta de plano e insiste en que este año sólo están programados los comicios para gobernadores y alcaldes.
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