LA QUIACA (Corresponsal). Las posibilidades que nos brindan hoy las diversas vías de comunicación posibilitan que se puedan visibilizar situaciones, al mismo tiempo escuchar las versiones de los diferentes protagonistas.
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LA QUIACA (Corresponsal). Las posibilidades que nos brindan hoy las diversas vías de comunicación posibilitan que se puedan visibilizar situaciones, al mismo tiempo escuchar las versiones de los diferentes protagonistas.
El trabajo realizado por el periodista jujeño radicado en Buenos Aires, Diego Granda, titulado “Los invisibles de La Quiaca” difundido a través del proyecto “La Otra Trama”, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) que tuvo amplia repercusión en nuestro país, fue criticado en el Estado Plurinacional de Bolivia.
“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, ex Defensor Departamental de Potosí, señala un párrafo del informe.
Al respecto, el propio Jorge Oporto Ordoñez dialogó con El Tribuno de Jujuy, para aclarar dicha referencia “quería aclarar que nunca dialogué con el periodista Diego Granda, trabajé en la Defensoría del Pueblo desde 2010 hasta el 3 de enero del 2013 tenía el cargo de jefe de unidades especiales. Me extraña el comentario que él hace aduciendo a mi persona como fuente, vengo a desmentir totalmente eso. Villazón jamás fue un mercado de venta de niños las aseveraciones de Granda son falaces”.
“Él cita que yo era Defensor del Pueblo de Potosí nunca tuve ese cargo menos de Villazón, en el 2011 sí estuve en esa ciudad para realizar unas jornadas y alertar a la población de esta problemática mundial. En ningún momento hicimos declaraciones sobre venta de niños, no es algo real, es un invento del periodista, algo falso que dañó la imagen de Bolivia”, indicó.
Por último manifestó “le pido al periodista que se disculpe con el pueblo boliviano, la temática conmovió a todo el país con datos irreales en los que implicó a muchas instituciones”, sentenció.
La postura argentina
También hizo declaraciones el cónsul argentino en Villazón (Bolivia) Juan Taccetti “si uno lee el informe detenidamente en ningún lado mencionan las fuentes, ni de dónde obtuvieron los datos, y las pocas que hay donde mencionan 900 niños cruzan de forma irregular la frontera por datos de la Pastoral Migratoria, esa institución aclaró que no proporcionó esos datos”.
Sobre la venta de niños añadió que “quienes vivimos en la frontera sabemos que no hay un agujero negro ni venta de niños, la trata es un problema que debemos afrontar pero no con información falsa estigmatizando a la ciudad” aseveró.
El comandante de Frontera Policial en Villazón, José Tejerina, explicó que diariamente medio millar de niños y niñas pasan a La Quiaca para estudiar. “Hay control policial riguroso respecto a la trata y tráfico”, detalló. El alcalde municipal, Fernando Acho Chúngara, expresó su molestia por la publicación periodística. “Esta información no se ajusta a la realidad. Vamos a demostrar que acá (en Villazón) no hay trata y tráfico de menores”, dijo el jefe comunal.
Acciones judiciales
El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, anunció que iniciará un proceso penal contra el periodista. “Es casi un hecho de que estaríamos iniciando un proceso penal”.
Autoridades potosinas, del Ministerio Público y el Gobierno negaron la información. Aseguraron que “sólo había en esta región un caso de trata y tráfico, que ya fue cerrado porque se encontró a la persona desaparecida”.
El gobernador informó que ya se presentó una querella contra Oporto, por dar datos falsos.
Lo positivo
Después de la publicación del informe, el 9 de septiembre el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se reunieron para coordinar la firma de un acuerdo bilateral en temas de seguridad.
El 18 del mismo mes la Policía de Villazón recibió equipamiento para el puesto de frontera.
El trabajo en cuestión fue realizado en el marco del proyecto “La Otra Trama” de Fopea, que es un espacio colectivo que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado.
Se propone hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, la difusión y la sensibilización.