Dos fiscales federales pidieron ayer que se cite a declaración indagatoria a la expresidente Cristina Kirchner y a otros 33 acusados por montar una "operatoria criminal" orientada a sustraer fondos públicos mediante la "asignación discrecional" de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.
La acusación que recayó sobre la expresidente es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16 mil millones de pesos", según el dictamen.
El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la expresidente a empresas beneficiadas con obra pública.
Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.
Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la expresidente, al exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido exsecretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.
También se pidió la indagatoria del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la exprimer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".
Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos", recordaron los fiscales.
La acusación que recayó sobre la expresidente es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16 mil millones de pesos", según el dictamen.
El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la expresidente a empresas beneficiadas con obra pública.
Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.
Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la expresidente, al exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido exsecretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.
También se pidió la indagatoria del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la exprimer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".
Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos", recordaron los fiscales.
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Dos fiscales federales pidieron ayer que se cite a declaración indagatoria a la expresidente Cristina Kirchner y a otros 33 acusados por montar una "operatoria criminal" orientada a sustraer fondos públicos mediante la "asignación discrecional" de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.
La acusación que recayó sobre la expresidente es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16 mil millones de pesos", según el dictamen.
El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la expresidente a empresas beneficiadas con obra pública.
Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.
Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la expresidente, al exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido exsecretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.
También se pidió la indagatoria del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la exprimer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".
Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos", recordaron los fiscales.
La acusación que recayó sobre la expresidente es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16 mil millones de pesos", según el dictamen.
El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la expresidente a empresas beneficiadas con obra pública.
Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.
Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la expresidente, al exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido exsecretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.
También se pidió la indagatoria del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la exprimer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".
Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos", recordaron los fiscales.
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