Diputados y senadores mendocinos que integran las comisiones de Educación y Desarrollo Social pidieron hoy al Arzobispo de Mendoza que se implemente un registro de monjas y curas en el que conste un examen psíquico y psiquiátrico, y se realice un seguimiento de su labor en los distintos organismos en los que se desempeñan.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que "nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro", en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta.
El encuentro tuvo lugar por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que "nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro", en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta.
El encuentro tuvo lugar por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
"Esa antigua praxis de trasladar el mal de un lugar a otro... nunca más", aseguró el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis.
Hace dos semanas, la denuncia de una víctima sorda llegó a oídos de una legisladora provincial, quien la acercó a la justicia, tras lo cual se logró la inmediata detención del sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el exempleado del instituto José Luis Ojeda (41), quien también es sordo como los alumnos y el jardinero Armando Gómez (46 años), todos imputados por los delitos de "abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores".
La diputada Beatríz Varela (UCR), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, dijo ayer que la reunión "fue positiva" dado que "planteamos distintas dudas y llegamos a diferentes acuerdos como el compromiso de destinar ayuda y recursos para las familias y los niños perjudicados por estos vejámenes".
Tras la reunión mantenida a puertas cerradas, el vocero del Arzobispado aseguró que "no hay en Mendoza ningún sacerdote que esté ejerciendo y que tenga una causa penal", y acerca de las medidas ordenadas por el Vaticano dijo que "se les suspendió la licencia ministerial, no hay más actividad pastoral en el Instituto y se ha conformado una comisión de seguimiento".
Sobre el futuro del Instituto Próvolo, el Arzobispado informó que su futuro dependerá de lo "qué resuelve la Justicia y la Dirección General de Escuelas (DGE)".
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Diputados y senadores mendocinos que integran las comisiones de Educación y Desarrollo Social pidieron hoy al Arzobispo de Mendoza que se implemente un registro de monjas y curas en el que conste un examen psíquico y psiquiátrico, y se realice un seguimiento de su labor en los distintos organismos en los que se desempeñan.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que "nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro", en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta.
El encuentro tuvo lugar por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que "nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro", en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta.
El encuentro tuvo lugar por los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados.
"Esa antigua praxis de trasladar el mal de un lugar a otro... nunca más", aseguró el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis.
Hace dos semanas, la denuncia de una víctima sorda llegó a oídos de una legisladora provincial, quien la acercó a la justicia, tras lo cual se logró la inmediata detención del sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el exempleado del instituto José Luis Ojeda (41), quien también es sordo como los alumnos y el jardinero Armando Gómez (46 años), todos imputados por los delitos de "abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores".
La diputada Beatríz Varela (UCR), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, dijo ayer que la reunión "fue positiva" dado que "planteamos distintas dudas y llegamos a diferentes acuerdos como el compromiso de destinar ayuda y recursos para las familias y los niños perjudicados por estos vejámenes".
Tras la reunión mantenida a puertas cerradas, el vocero del Arzobispado aseguró que "no hay en Mendoza ningún sacerdote que esté ejerciendo y que tenga una causa penal", y acerca de las medidas ordenadas por el Vaticano dijo que "se les suspendió la licencia ministerial, no hay más actividad pastoral en el Instituto y se ha conformado una comisión de seguimiento".
Sobre el futuro del Instituto Próvolo, el Arzobispado informó que su futuro dependerá de lo "qué resuelve la Justicia y la Dirección General de Escuelas (DGE)".
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