La detención de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, siguió despertando fuertes críticas en organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, que se solidarizaron con la dirigente y condenaron la "criminalización de la protesta" por parte del Gobierno jujeño.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) lamentó el arresto de Sala bajo cargos de instigación a la sedición y al corte de vía pública, y catalogó el episodio como un "gravísimo precedente de criminalización de la protesta". "La detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta", señaló el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
En tanto, la bancada progresista del Parlasur, integrada por mercodiputados del FPV y de otras fuerzas políticas de centroizquierda del bloque regional, expresó su "profundo rechazo" a la detención de Sala y recalcó su "solidaridad con la lucha de las organizaciones sociales ante el Gobierno provincial de Jujuy".
A su vez, el comunicado destacó que la detención de la dirigente y diputada del Parlasur se inscribe "en el marco de la represión a la protesta social que está llevando adelante el gobernador Gerardo Morales".
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Carlos Tomada, calificó la detención de Sala como un "atropello de Cambiemos" que tiene como propósito "callar las voces diferentes a las de ellos".
El diputado bonaerense del Frente para la Victoria y uno de los referentes del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, coincidió en asimilar el encarcelamiento de la líder kirchnerista a una práctica de "criminalización de la protesta social". "Es la criminilización de una protesta social que reclama que no le quiten los fondos con los que construyen sus propias viviendas", aseguró.
En tanto, la CTA nacional publicó un comunicado para exigir la "inmediata liberación" de Sala, cuya detención calificaron como un "hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente" y un "claro acto de revanchismo" por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
"Se trata de una acción represiva que castiga a una militante histórica del movimiento popular, reconocida dentro y fuera de las fronteras de nuestro país", agregó el comunicado.
Así, la rama porteña repudió la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala: "Expresamos nuestra enérgica preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy, que significaron la detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y la represión al pueblo convocado en la Plaza Belgrano de San Salvador", señaló la organización en un comunicado.
La delegación porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli condenó "el atropello" y repudió "el accionar de las fuerzas del Estado", así como "cualquier intento de someter a los militantes del campo popular".
Desde la izquierda, también se manifestó a propósito de la detención de la líder social el Movimiento Popular Patria Grande, que se solidarizó con Sala y definió su situación como un "claro caso de persecución política y criminalización de la protesta social". "Su detención es una amenaza al conjunto de la militancia popular, justamente cuando las políticas de ajuste liberal del Gobierno Nacional reclaman la mayor determinación y unidad para enfrentarlas", concluyó.
Sala fue detenida el sábado en San Salvador de Jujuy, imputada por "tumultos" e "instigación a cometer delitos", en medio de la protesta contra Gerardo Morales.
"Fue la justicia, no Morales"
El diputado nacional y presidente del Comité radical bonaerense, Ricardo Alfonsín, remarcó ayer que "fue la Justicia la que ordenó la detención" de la dirigente social de Tupac Amaru, Milagro Sala, y no el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
"Sé de las credenciales republicanas de Gerardo Morales. Nunca interferiría en el accionar judicial. No es el gobernador, sino la Justicia la que ordenó la detención de Milagros Sala", precisó Alfonsín mediante un comunicado difundido a la prensa.
El diputado nacional de la UCR sostuvo que "la ley debe ser cumplida por todos" y agregó que "solo puede decir que hay persecución política, quien cree que existe un 'derecho a violar la ley'".
"Ese derecho, naturalmente, no existe en ningún lugar del mundo. Si no estamos de acuerdo con la ley, debemos cambiarla. Violarla no es el camino. Lo mismo he dicho en casos similares durante el anterior Gobierno", señaló Alfonsín. Por último, aclaró que "Milagros Sala debe contar con todas las garantías y derechos constitucionales para demostrar su inocencia".
La cancillería le respondió a Taiana
La Cancillería indicó que “no tiene injerencia” en cuestiones vinculadas a la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, de esta manera le respondió a un pedido de informes que le había formulado el diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria (FPV) Jorge Taiana.
“Con relación al pedido de informes que el diputado del Parlasur Jorge Taiana envió a la Cancillería argentina sobre la detención de la diputada electa del Parlasur Milagros Sala, cabe indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no tiene injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la mencionada dirigente política”, dice un comunicado de la Cancillería.
La cartera, que conduce la ministra Susana Malcorra, señaló que “la situación procesal” de la líder de la Tupac Amaru y su “eventual desarrollo es de incumbencia exclusiva de la Justicia”.
El sábado Taiana, presidente del Parlasur, solicitó a la canciller Malcorra información sobre la detención de la parlamentaria electa de ese organismo regional en la provincia de Jujuy y advirtió que “no se está respetando su investidura”.
Taiana pidió a la Canciller que “en forma urgente” le haga llegar información sobre la detención de Sala y sobre “las medidas adoptadas a fin de asegurar su integridad personal, su libertad, el debido ejercicio de sus garantías judiciales y su derecho a manifestarse libremente”.
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La detención de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, siguió despertando fuertes críticas en organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, que se solidarizaron con la dirigente y condenaron la "criminalización de la protesta" por parte del Gobierno jujeño.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) lamentó el arresto de Sala bajo cargos de instigación a la sedición y al corte de vía pública, y catalogó el episodio como un "gravísimo precedente de criminalización de la protesta". "La detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta", señaló el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
En tanto, la bancada progresista del Parlasur, integrada por mercodiputados del FPV y de otras fuerzas políticas de centroizquierda del bloque regional, expresó su "profundo rechazo" a la detención de Sala y recalcó su "solidaridad con la lucha de las organizaciones sociales ante el Gobierno provincial de Jujuy".
A su vez, el comunicado destacó que la detención de la dirigente y diputada del Parlasur se inscribe "en el marco de la represión a la protesta social que está llevando adelante el gobernador Gerardo Morales".
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Carlos Tomada, calificó la detención de Sala como un "atropello de Cambiemos" que tiene como propósito "callar las voces diferentes a las de ellos".
El diputado bonaerense del Frente para la Victoria y uno de los referentes del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, coincidió en asimilar el encarcelamiento de la líder kirchnerista a una práctica de "criminalización de la protesta social". "Es la criminilización de una protesta social que reclama que no le quiten los fondos con los que construyen sus propias viviendas", aseguró.
En tanto, la CTA nacional publicó un comunicado para exigir la "inmediata liberación" de Sala, cuya detención calificaron como un "hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente" y un "claro acto de revanchismo" por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
"Se trata de una acción represiva que castiga a una militante histórica del movimiento popular, reconocida dentro y fuera de las fronteras de nuestro país", agregó el comunicado.
Así, la rama porteña repudió la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala: "Expresamos nuestra enérgica preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy, que significaron la detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y la represión al pueblo convocado en la Plaza Belgrano de San Salvador", señaló la organización en un comunicado.
La delegación porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli condenó "el atropello" y repudió "el accionar de las fuerzas del Estado", así como "cualquier intento de someter a los militantes del campo popular".
Desde la izquierda, también se manifestó a propósito de la detención de la líder social el Movimiento Popular Patria Grande, que se solidarizó con Sala y definió su situación como un "claro caso de persecución política y criminalización de la protesta social". "Su detención es una amenaza al conjunto de la militancia popular, justamente cuando las políticas de ajuste liberal del Gobierno Nacional reclaman la mayor determinación y unidad para enfrentarlas", concluyó.
Sala fue detenida el sábado en San Salvador de Jujuy, imputada por "tumultos" e "instigación a cometer delitos", en medio de la protesta contra Gerardo Morales.
"Fue la justicia, no Morales"
El diputado nacional y presidente del Comité radical bonaerense, Ricardo Alfonsín, remarcó ayer que "fue la Justicia la que ordenó la detención" de la dirigente social de Tupac Amaru, Milagro Sala, y no el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
"Sé de las credenciales republicanas de Gerardo Morales. Nunca interferiría en el accionar judicial. No es el gobernador, sino la Justicia la que ordenó la detención de Milagros Sala", precisó Alfonsín mediante un comunicado difundido a la prensa.
El diputado nacional de la UCR sostuvo que "la ley debe ser cumplida por todos" y agregó que "solo puede decir que hay persecución política, quien cree que existe un 'derecho a violar la ley'".
"Ese derecho, naturalmente, no existe en ningún lugar del mundo. Si no estamos de acuerdo con la ley, debemos cambiarla. Violarla no es el camino. Lo mismo he dicho en casos similares durante el anterior Gobierno", señaló Alfonsín. Por último, aclaró que "Milagros Sala debe contar con todas las garantías y derechos constitucionales para demostrar su inocencia".
La cancillería le respondió a Taiana
La Cancillería indicó que “no tiene injerencia” en cuestiones vinculadas a la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, de esta manera le respondió a un pedido de informes que le había formulado el diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria (FPV) Jorge Taiana.
“Con relación al pedido de informes que el diputado del Parlasur Jorge Taiana envió a la Cancillería argentina sobre la detención de la diputada electa del Parlasur Milagros Sala, cabe indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no tiene injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la mencionada dirigente política”, dice un comunicado de la Cancillería.
La cartera, que conduce la ministra Susana Malcorra, señaló que “la situación procesal” de la líder de la Tupac Amaru y su “eventual desarrollo es de incumbencia exclusiva de la Justicia”.
El sábado Taiana, presidente del Parlasur, solicitó a la canciller Malcorra información sobre la detención de la parlamentaria electa de ese organismo regional en la provincia de Jujuy y advirtió que “no se está respetando su investidura”.
Taiana pidió a la Canciller que “en forma urgente” le haga llegar información sobre la detención de Sala y sobre “las medidas adoptadas a fin de asegurar su integridad personal, su libertad, el debido ejercicio de sus garantías judiciales y su derecho a manifestarse libremente”.
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