El operativo policial, del que participó el propio ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la calle Gordaliza, entre Alvarez Prado y Comandante de la Corte, del citado barrio capitalino, tras lo cual la líder tupaquera quedó alojada en la Comisaría de la Mujer, en el barrio Los Huaicos, donde inició una huelga de hambre en protesta por su detención, que hizo pública a través de su cuenta de Twitter.
Miranda aseguró que no necesariamente si se levanta el acampe Sala será puesta en libertad, ya que depende del juez.
El fiscal de Estado, Mariano Miranda confirmó que Sala fue detenida sin resistencia imputada por "instigación a cometer delitos" y "tumulto". Tras la detención, efectivos de la Policía provincial rodearon el perímetro del acampe que realizan organizaciones sociales en Plaza Belgrano, de manera preventiva, por lo cual no pudo circular por el lugar ninguna persona.
Sobre los delitos por la que fue imputada Sala, el de "instigación a cometer ilícitos" está previsto en el artículo 209 del Código Penal, mientras que "tumulto o alzamiento en contra de actos gubernamentales" en el artículo 230 inciso 2 del mismo cuerpo normativo.
"Nosotros haremos las presentaciones necesarias a los efectos de lograr el cese de la comisión del hecho delictivo que se está llevando a cabo en plaza Belgrano. Hablo de cese no de desalojo, por cuanto hay que ver mediante qué medios podemos lograr el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y de la circulación por parte de los ciudadanos", explicó Miranda.
El fiscal de Estado aseguró que no hubo necesidad de allanamiento en el domicilio de Sala, porque no hubo oposición por parte de la dirigente, que fue notificada mientras se encontraba en ese domicilio. Mientras se la detenía, también habría estado el abogado Luis Paz.
También ratificó que a las organizaciones que acampan se le suspendió la personería jurídica y se les cobrará una multa.
Consultado por el pedido de diálogo de las organizaciones que acampan, el fiscal aseguró que en los últimos días se mantuvieron reuniones entre funcionarios y representantes de las entidades que finalmente decidieron abandonar la plaza Belgrano, por lo que este decisión es una claro ejemplo de que los canales se encuentran abiertos.
Al renunciar Milagro Sala a su cargo como diputada provincial, decisión que fue aceptada por resolución de la Legislatura, la dirigente no cuenta con fueros. La detención se produjo ayer por una serie de denuncias de personas y agrupaciones en contra de la dirigente social. Sala fue imputada durante la semana, se le tomó declaración indagatoria y la Justicia recolectó una serie de pruebas, entre ellas declaraciones testimoniales. No hay más personas con orden de detención.
Aunque hubo trascendidos sobre el desalojo de la plaza y calles adyacentes, el funcionario aseguró que el cordón policial era un "operativo preventivo", y aseguró que no existe aún una orden de desalojo. Sin embargo, esta última medida será el próximo paso que solicitará el Gobierno de la Provincia a la Justicia.
El fuerte dispositivo de seguridad se mantendrá en las próximas horas y tiene el objetivo de evitar que mayor número de personas se sumen al acampe. En cuanto a los vecinos del lugar, tienen garantizados sus derechos de ingreso y permanencia en sus domicilios.
El operativo policial, del que participó el propio ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la calle Gordaliza, entre Alvarez Prado y Comandante de la Corte, del citado barrio capitalino, tras lo cual la líder tupaquera quedó alojada en la Comisaría de la Mujer, en el barrio Los Huaicos, donde inició una huelga de hambre en protesta por su detención, que hizo pública a través de su cuenta de Twitter.
Miranda aseguró que no necesariamente si se levanta el acampe Sala será puesta en libertad, ya que depende del juez.
El fiscal de Estado, Mariano Miranda confirmó que Sala fue detenida sin resistencia imputada por "instigación a cometer delitos" y "tumulto". Tras la detención, efectivos de la Policía provincial rodearon el perímetro del acampe que realizan organizaciones sociales en Plaza Belgrano, de manera preventiva, por lo cual no pudo circular por el lugar ninguna persona.
Sobre los delitos por la que fue imputada Sala, el de "instigación a cometer ilícitos" está previsto en el artículo 209 del Código Penal, mientras que "tumulto o alzamiento en contra de actos gubernamentales" en el artículo 230 inciso 2 del mismo cuerpo normativo.
"Nosotros haremos las presentaciones necesarias a los efectos de lograr el cese de la comisión del hecho delictivo que se está llevando a cabo en plaza Belgrano. Hablo de cese no de desalojo, por cuanto hay que ver mediante qué medios podemos lograr el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y de la circulación por parte de los ciudadanos", explicó Miranda.
El fiscal de Estado aseguró que no hubo necesidad de allanamiento en el domicilio de Sala, porque no hubo oposición por parte de la dirigente, que fue notificada mientras se encontraba en ese domicilio. Mientras se la detenía, también habría estado el abogado Luis Paz.
También ratificó que a las organizaciones que acampan se le suspendió la personería jurídica y se les cobrará una multa.
Consultado por el pedido de diálogo de las organizaciones que acampan, el fiscal aseguró que en los últimos días se mantuvieron reuniones entre funcionarios y representantes de las entidades que finalmente decidieron abandonar la plaza Belgrano, por lo que este decisión es una claro ejemplo de que los canales se encuentran abiertos.
Al renunciar Milagro Sala a su cargo como diputada provincial, decisión que fue aceptada por resolución de la Legislatura, la dirigente no cuenta con fueros. La detención se produjo ayer por una serie de denuncias de personas y agrupaciones en contra de la dirigente social. Sala fue imputada durante la semana, se le tomó declaración indagatoria y la Justicia recolectó una serie de pruebas, entre ellas declaraciones testimoniales. No hay más personas con orden de detención.
Aunque hubo trascendidos sobre el desalojo de la plaza y calles adyacentes, el funcionario aseguró que el cordón policial era un "operativo preventivo", y aseguró que no existe aún una orden de desalojo. Sin embargo, esta última medida será el próximo paso que solicitará el Gobierno de la Provincia a la Justicia.
El fuerte dispositivo de seguridad se mantendrá en las próximas horas y tiene el objetivo de evitar que mayor número de personas se sumen al acampe. En cuanto a los vecinos del lugar, tienen garantizados sus derechos de ingreso y permanencia en sus domicilios.