Transparentarán completamente el financiamiento de la política y eliminaran los aportes anónimos y reservados. Como contrapartida a esta baja de ingresos para el desarrollo de la
actividad política, "será el
Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó. Una de las medidas más severas supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de
elección popular y perderán sus escaños".