El caso del entierro de 150 cuerpos en unas fosas en el estado mexicano de Morelos es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), que pidió medidas cautelares a las autoridades, informó el organismo público.
El caso salió a la luz tras la denuncia de una madre que acusó a la fiscalía de Morelos de quemar y enterrar en 2014 el cuerpo de su hijo, secuestrado y asesinado en 2013. Asimismo, un grupo de familiares de desaparecidos exigió que se identifiquen los cadáveres que se encuentran en un predio del poblado de Tetelcingo.
La Cndh señaló en un comunicado que su presidente, Luis Raúl González Pérez, "instruyó a personal de esta Comisión Nacional, encabezada por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, para que se trasladara de inmediato al lugar".
La Comisión pidió también medidas cautelares "que permitan garantizar la vida e integridad" de los denunciantes, así como "garantizar la preservación del lugar de los hechos".
Hasta el momento, sólo ha sido identificado el cuerpo de Oliver Navarrete, cuya madre fue la que denunció el caso.
"La lucha es para deslindar responsabilidades por las irregularidades cometidas en el caso del hijo, pero sobre todo, para procurar justicia para las 149 familias y víctimas que todavía, presumiblemente, se encuentran en las fosas ubicadas en el predio 'El Maguey', del poblado de Tetelcingo", señala el comunicado.
El gobierno de Morelos ofreció el apoyo a los familiares de las víctimas para asesorarlos en el pedido de identificación de los cuerpos, aunque señaló en un boletín que la fosa no es clandestina y que existen documentos que la avalan como un "panteón legal".
La violencia en México, a consecuencia de los carteles del narcotráfico, ha producido verdaderas masacres de personas, muchas de ellas víctimas inocentes.
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El caso del entierro de 150 cuerpos en unas fosas en el estado mexicano de Morelos es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), que pidió medidas cautelares a las autoridades, informó el organismo público.
El caso salió a la luz tras la denuncia de una madre que acusó a la fiscalía de Morelos de quemar y enterrar en 2014 el cuerpo de su hijo, secuestrado y asesinado en 2013. Asimismo, un grupo de familiares de desaparecidos exigió que se identifiquen los cadáveres que se encuentran en un predio del poblado de Tetelcingo.
La Cndh señaló en un comunicado que su presidente, Luis Raúl González Pérez, "instruyó a personal de esta Comisión Nacional, encabezada por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, para que se trasladara de inmediato al lugar".
La Comisión pidió también medidas cautelares "que permitan garantizar la vida e integridad" de los denunciantes, así como "garantizar la preservación del lugar de los hechos".
Hasta el momento, sólo ha sido identificado el cuerpo de Oliver Navarrete, cuya madre fue la que denunció el caso.
"La lucha es para deslindar responsabilidades por las irregularidades cometidas en el caso del hijo, pero sobre todo, para procurar justicia para las 149 familias y víctimas que todavía, presumiblemente, se encuentran en las fosas ubicadas en el predio 'El Maguey', del poblado de Tetelcingo", señala el comunicado.
El gobierno de Morelos ofreció el apoyo a los familiares de las víctimas para asesorarlos en el pedido de identificación de los cuerpos, aunque señaló en un boletín que la fosa no es clandestina y que existen documentos que la avalan como un "panteón legal".
La violencia en México, a consecuencia de los carteles del narcotráfico, ha producido verdaderas masacres de personas, muchas de ellas víctimas inocentes.
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