La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Oral Federal de Jujuy la ampliación de imputaciones para cinco de los acusados en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
inicia sesión o regístrate.
La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Oral Federal de Jujuy la ampliación de imputaciones para cinco de los acusados en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo (ad hoc) pidieron imputar por homicidio calificado a Antonio Orlando Vargas, quien era interventor del penal de Gorriti y a los guardiacárceles Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez y Herminio Zárate.
En el caso de Vargas, solicitaron imputarlo como “coautor mediato de homicidio doblemente calificado con alevosía agravado por el número de personas, privación ilegítima de la libertad y torturas”.
Para los Ortiz, Gutiérrez y Zárate, los fiscales pidieron imputarlos como “partícipes necesarios de homicidio doblemente calificado, además de privación ilegítima de la libertad” de siete presos políticos desaparecidos desde la cárcel de Villa Gorriti.
El acusado César Díaz ya había llegado al juicio imputado por homicidio, al acompañar al comisario Ernesto Jaig cuando retiró a estos presos del penal el 10 de junio de 1976, fecha desde la cual permanecen desaparecidos, excepto Scurta.
Los demás desaparecidos en esos días fueron Osvaldo Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
Snopek dijo que el pedido de ampliación de la imputación responde al valor probatorio de asientos en los libros de entrada y salida de presos de Gorriti, el registro de traslados y las declaraciones testimoniales de víctimas, familiares y penitenciarios
“Los libros muestran cuáles fueron las funciones de los imputados” en la cárcel y evidencian que los traslados de las víctimas “no pudieron realizarse sin el conocimiento de Vargas” y el resto de los ahora imputados también por homicidios.
Pelazzo aludió a testimonios de víctimas sobre las condiciones que regían en la prisión de Gorriti, las torturas y la entrega de siete de los prisioneros políticos a Díaz y Jaig, por órdenes telefónicas de Juan Carlos Jones Tamayo, todavía prófugo.
Al pedido de los fiscales adhirieron todas las querellas, incluida la de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, representada por María José Castillo, y las confiadas a Martín Patiño, Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carreras.
Para Castillo, “todos eran encargados de llevar adelante el plan de exterminio, secuestros, torturas y asesinatos”. Ruarte dijo que “los guardiacárceles no estaban ajenos al destino final de los detenidos y formaron parte del plan de eliminación que propuso la dictadura militar. Su actuación no se limitó a la privación ilegítima de la libertad y a la tortura”.
El 6 de febrero los acusados responderán al pedido de ampliación de imputaciones realizado por fiscales y respaldado por las querellas.
En la 1º parte declaró José Ritzer, quien habló del perfil violento del represor Gutiérrez en el ISJ y lo que le había contado un hijo, avergonzado ante familiares de detenidos por su padre y de la vida conyugal.