Las protestas callejeras fueron moneda corriente durante todo este año, y amenazan con persistir durante el próximo. Los trabajadores del Garrahan, los familiares de las personas con discapacidad, los jubilados y los universitarios mantuvieron sendas luchas por mayor presupuesto y mejoras en sus haberes. La victoria del Gobierno en las elecciones legislativas, que cambió mucho el humor social en relación a la previa, no apagó las marchas y los paros.
La exministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo cumplir a rajatabla su protocolo antipiquetes en cada una de las marchas, provocando innecesarias situaciones de violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, obligadas a impedir que la gente corte las calles.
El punto más álgido ocurrió el 12 de marzo pasado durante una movilización de los jubilados, cuando el fotorreportero Pablo Grillo fue baleado por un gendarme con una pistola de gas. Grillo estuvo durante meses peleando por su vida y el efectivo fue procesado por "abuso de armas agravado".
El brutal recorte aplicado por el Gobierno en el área de discapacidad generó una enorme movilización por parte de ese sector y de buena parte de la sociedad que acompañó su reclamo. Se eliminaron miles de pensiones, muchas de ellas sin justificación. Ante eso, el Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el presidente Javier Milei, y luego ratificada por el Congreso.
El Gobierno anunció que promulgaba la ley pero que no la aplicaría hasta que el Congreso aclare de donde saldrían los fondos. Hace tres semanas, la justicia obligó al Gobierno a poner la ley en marcha de forma urgente.
El caso del Garrahan también fue emblemático, ya que sufrió un desfinanciamiento muy relevante en sus recursos y los salarios de los profesionales se encuentran muy por debajo de los del sector privado. La lucha de los trabajadores del nosocomio incluyó paros de actividades, marchas y radios abiertas. La ley, que luego fue vetada por Milei, fue aprobada y ratificada por amplio margen.
En paralelo, los jubilados marcharon todos los miércoles reclamando aumentos en sus haberes y el descongelamiento del bono de $70 mil que el Gobierno se niega a actualizar. Sus marchas tuvieron este año la adhesión de gremios, hinchas de fútbol y organizaciones sociales.