La disputa por el control administrativo y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló a un nuevo nivel de confrontación política. El gobierno de Axel Kicillof formalizó este miércoles el reconocimiento del domicilio de la entidad en la calle Mercedes 1366, partido de Pilar, a pesar de que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) constataron que en esa dirección no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un terreno baldío.
La resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) se conoció menos de dos horas después de que el gobierno nacional, a través de la IGJ que conduce Daniel Vítolo, anunciara el pedido de designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA. La simultaneidad de ambas acciones transformó lo que podría haber sido un trámite administrativo en un episodio de abierta confrontación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la gobernación bonaerense.
El movimiento del Ejecutivo provincial tuvo efectos jurídicos inmediatos y una dimensión política visible. En medio de las acusaciones de organismos nacionales por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos del fútbol, la Provincia consolidó la radicación formal de la AFA en su territorio y, con ello, la competencia exclusiva de su órgano de contralor. De esta manera, blindó a la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en el terreno donde hoy se libra la disputa: el control de los números.
El acto administrativo y su sustento legal
La resolución de la DPPJ consignó la finalización del trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria de la AFA, dejando asentado que la entidad tiene su sede social en la calle Mercedes 1366 de Pilar. En sus considerandos, el acto administrativo recuerda que la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del artículo 1° del estatuto social, estableciendo el domicilio en la Provincia de Buenos Aires. También señala que el Comité Ejecutivo fijó la sede social en Mercedes 1366 y la sede deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
La disposición es concluyente: "Tómese razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires".
El dato clave no es solo el contenido de la decisión, sino el momento elegido. Pocas horas antes, la IGJ había difundido una resolución en la que solicitó la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA. En el texto se señaló que "ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable".
El organismo nacional subrayó que la medida no constituye una intervención, sino una herramienta de control legal prevista en la normativa, orientada a verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales.
Cruce de jurisdicciones y disputa política
La proximidad temporal entre ambos actos administrativos transformó lo que pudo haber sido un intercambio jurídico en una escena de confrontación institucional. Mientras los órganos administrativos dependientes del gobierno de Javier Milei avanzaron con una medida de supervisión contable, el de Kicillof consolidó la tesis de que la IGJ ya no tiene jurisdicción sobre la AFA.
El trasfondo de la controversia es el control de los números. La IGJ fundamentó su pedido en la falta de presentación de información solicitada por parte de la AFA. Según la resolución difundida, la entidad no habría remitido la documentación requerida sobre estados contables y otra información complementaria necesaria para el control legal. Esa omisión, de acuerdo con el organismo nacional, "justifica la designación de veedores con facultades para examinar libros, balances y documentación respaldatoria".
Desde la perspectiva del gobierno nacional, el eje del conflicto es la transparencia contable. La administración libertaria basa su relato en la auditoría permanente y la revisión de estructuras consideradas opacas o corporativas. En ese marco, la fiscalización de una institución poderosa y económicamente importante como la AFA fortalece la lógica de control.
Para el gobierno bonaerense, el punto central es la competencia. Al reconocer la finalización del cambio de jurisdicción y validar el domicilio en Pilar, la DPPJ sostiene que la IGJ perdió el poder de policía sobre la entidad. La propia AFA reflejó así esta posición en su comunicado oficial: "La resolución analizada expresa de manera categórica que, a partir de dicha inscripción, la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad".
Y añadió: "En consecuencia, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, careciendo la Inspección General de Justicia de competencia o poder de policía sobre la entidad".
El baldío que divide aguas
El reconocimiento del domicilio en un terreno que inspectores nacionales describieron como baldío ha producido interpretaciones políticas opuestas. Para la Nación, el dato refuerza la sospecha de irregularidad o simulación. Para la Provincia, la inscripción registral basta para legitimar la competencia, sin que la constatación física altere el acto administrativo.
La decisión se produce pese a que inspectores de ARCA y la IGJ constataron la inexistencia de actividad administrativa en la dirección declarada. La Provincia no condicionó la inscripción a esa verificación y validó la radicación. Desde el derecho administrativo, el domicilio declarado por la entidad quedó convalidado por la autoridad registral competente. En términos políticos, el mensaje fue otro: la Provincia asume la fiscalización de la AFA y buscó desplazar a la Nación de ese rol, en línea con la estrategia de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Un conflicto con final abierto
La intervención de Kicillof no es neutra ni técnica. El respaldo institucional a Tapia adquiere el carácter de un gesto de autonomía frente al gobierno nacional. La AFA no es una asociación civil más: concentra recursos millonarios derivados de derechos televisivos, contratos comerciales y competencias internacionales, además de un capital simbólico inigualable en la sociedad argentina. La Selección campeona del mundo y el peso cultural del fútbol convierten cualquier disputa en un asunto de sensibilidad pública.
La disputa por la AFA se inserta en la tensa relación entre Milei y Kicillof. El gobernador bonaerense se ha posicionado como uno de los principales contrapuntos del proyecto libertario. Las diferencias en materia económica, fiscal y de distribución de recursos son conocidas. Cada enfrentamiento se incorpora al relato general sobre el alcance del poder estatal y la autonomía provincial.
El choque de interpretaciones deja abierto el futuro desarrollo del conflicto. Si la Nación avanza con la designación de veedores, podría forzar una reacción judicial o un conflicto abierto de competencias. Si retrocede, el gobierno provincial afianzará su posición y la conducción de la AFA quedará bajo un esquema de fiscalización alineado con su nueva jurisdicción.
La declaración de la AFA no solo coincide con la postura provincial, sino que traslada la disputa al plano federal. Si la IGJ insiste en designar veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el conflicto puede escalar hacia la judicialización. Incluso sin llegar a los tribunales, el enfrentamiento ya forma parte del intercambio político entre la Nación y la Provincia.
