El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, que el Congreso ratificó con amplia mayoría tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la administración no la aplicará hasta no resolver de dónde saldrán los recursos necesarios para su financiamiento.
La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien descartó así una posible apelación a la Justicia que se había manejado en círculos oficialistas. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley”, explicó el ministro, condicionando su implementación a una definición sobre el origen de los fondos.
El conflicto central radica en el impacto fiscal de la norma. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPCN), la ley podría incorporar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios a las Pensiones No Contributivas, con un costo estimado entre $1,8 y $3,6 billones de pesos, equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. A esto se suman partidas para compensar a prestadores ($278.323 millones) y talleres protegidos ($7.160 millones).
Francos fue contundente al responsabilizar al Congreso: “La ley financiera dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda (…) ¿A quién le sacamos, a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
Qué establece la ley
La normativa, impulsada por la oposición y apoyada masivamente por casi todo el arco político, fue sancionada en respuesta a una profunda crisis en el sistema de atención, marcada por un congelamiento de recursos y una reducción drástica de beneficiarios durante la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Spagnuolo fue despedido tras revelarse audios que lo vinculaban a un presunto circuito de coimas.
Entre sus puntos principales, la ley:
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Establece el financiamiento para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, con un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
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Extiende la cobertura de manera automática a todos los beneficiarios de pensiones anteriores, sin necesidad de nuevos trámites.
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Refuerza el Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901) con una actualización mensual de aranceles según el índice de inflación del INDEC.
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Crea un régimen de regularización de deudas para empresas y trabajadores del sector, con condonación de intereses y multas.
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Fortalece el financiamiento y las funciones de la ANDIS.