La campaña electoral sumó un capítulo inesperado luego de que dos figuras mediáticas fueran formalmente denunciadas ante la Justicia Federal. Brancatelli y Rosemblat fueron acusados de haber difundido mensajes que, según los denunciantes, podrían haber “inducido al engaño” a votantes libertarios en la provincia de Buenos Aires.
La presentación judicial se basa en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que establece penas de prisión de dos meses a dos años para “el que con engaños indujere a otro a votar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
El conflicto se desató tras declaraciones públicas de ambos comunicadores sobre cómo votar a La Libertad Avanza en territorio bonaerense. En esa jurisdicción, la boleta única de papel incluye aún el nombre de José Luis Espert, aunque el primer candidato de ese espacio es Diego Santilli.
Durante una emisión de Argenzuela (C5N), Diego Brancatelli ironizó sobre esta particularidad de la boleta y sugirió, en tono de burla, “tachar el nombre de Espert y escribir Santilli a mano”.
Por su parte, Pedro Rosemblat, en una transmisión en vivo en su canal de streaming, lanzó un comentario que se viralizó rápidamente: “Recuerden que si cuando entran al cuarto oscuro ven que no está Santilli en la boleta, tienen que salir y decir en voz audible ‘¡Falta Santilli en la boleta! Quiero votar a Santilli’. De esa forma, el fiscal y el presidente de mesa pueden computar su voto”.
Para los denunciantes, estos mensajes, aunque presentados con ironía, “pudieron haber inducido a error a miles de votantes, afectando la transparencia y libertad del sufragio”. El texto presentado ante la Justicia Federal sostiene que la conducta de ambos periodistas fue “manifiestamente irresponsable” en un contexto de alta sensibilidad electoral.
La Cámara Nacional Electoral salió a aclarar públicamente que no es necesario —ni válido— modificar las boletas, y que cualquier anotación manual puede invalidar el voto. “La indicación correcta está impresa en la boleta; cualquier agregado o tachadura puede llevar a la anulación”, señalaron desde el organismo.
Desde el entorno libertario, la respuesta fue inmediata. Varias cuentas partidarias llamaron a denunciar los videos ante la Justicia Electoral, mientras el director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreia, escribió en X (ex Twitter): “Si un comunicador libertario hubiera hecho algo similar, ya estaría denunciado penalmente”.
