La sala 1 de la cámara federal acaba de resolver la reapertura de la causa 13619/2003 en la cual se investiga el atentado al comedor de la Policía Federal Argentina, ocurrido el 2 de julio de 1976, donde murieron más de 20 personas , 100 heridos y también determinó impulsar las medidas de prueba pendientes y citar a indagatoria a Mario Eduardo Firmenich.
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La sala 1 de la cámara federal acaba de resolver la reapertura de la causa 13619/2003 en la cual se investiga el atentado al comedor de la Policía Federal Argentina, ocurrido el 2 de julio de 1976, donde murieron más de 20 personas , 100 heridos y también determinó impulsar las medidas de prueba pendientes y citar a indagatoria a Mario Eduardo Firmenich.
En un giro a la jurisprudencia fijada hasta ahora, el fallo sostuvo que aquella masacre no está prescripta: se trató de una grave violación a los derechos humanos y el Estado argentino tiene la obligación de dar respuesta sus víctimas. “El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”, se advirtió.
“Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas”, afirmaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzien.
Junto a ellos, el juez Mariano Llorens hizo un extenso voto en en el que afirmó: “La historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
Hace dos años y medio, este tribunal ya había ordenado abrir la causa e investigar los hechos. Pero la jueza de primera instancia, María Servini, entendió que el caso debía cerrarse. El tribunal ordenó ahora que Servini indague a Firmenich y lleve adelante medidas de prueba para determinar qué otros autores o encubridores hubo en el ataque. Y sostuvo que el caso no estaba prescripto. Además incorporó a la causa a los denunciantes para que sean acusadores privados. También revocó los sobreseimientos de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.
“El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado. Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos. Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas”, se aseguró.
La decisión de la Cámara Federal, que promete escalar hasta la Corte Suprema, marca una nueva mirada en las investigaciones por los crímenes de los 70. No obstante el tribunal destacó que es “excepcional” el criterio fijado para este caso: un atentado brutal, en donde las víctimas no eran miembros del Estado, en un caso que nunca fue investigado con seriedad. El fallo apunta a Mario Firmenich, que hoy vive en España y asesora al gobierno de Nicaragua.
La Argentina fue víctima de un baño de sangre en los años 70 y en especial durante la última dictadura argentina (1976-1983), con la instalación de centros clandestinos en los que desaparecieron miles de personas. Con el regreso de la democracia, la Justicia avanzó en el juzgamiento de los responsables de las fuerzas armadas, con el llamado juicio a los comandantes. Pero también impulsó llevar al banquillo a los responsables de la agrupación guerrillera Montoneros. En 1984 Firmenich fue arrestado en Brasil por pedido del gobierno de Raúl Alfonsín, juzgado y condenado a 30 años de prisión por homicidio y secuestro
Todo eso quedó en la nada con los indultos a jefes guerrilleros y militares que firmó Carlos Menem en diciembre de 1990. El paso del tiempo dejó prescriptos aquellos crímenes, salvo el robo de bebés. Más tarde, en medio de un clima internacional que abría la puerta al principio de justicia universal que abría la puerta a castigar crímenes gravísimos afuera del territorio donde hubieran sido cometidos cuando allí no se hubiera investigados y reclamaba la captura de militares argentinos, el gobierno de Néstor Kirchner avanzó en la derogación de leyes que frenaron las investigaciones contra militares. Se trataba de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, dijo la Corte. Sin embargo, los crímenes de Montoneros quedaron impunes por el paso del tiempo, ya que no habían sido cometidos desde el Estado.
En 2003, el fallecido juez Claudio Bonadio había dispuso el pedido de captura internacional del máximo jefe montonero, y la detención de Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía por las muertes en la causa conocida como Contraofensiva. Pero la Cámara Federal anuló esa decisión, ordenó libertades y lo apartó.