La realización de un casamiento en plena Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada sobre la ruta nacional 68 en el paraje La Punilla, a solo 17 kilómetros de Cafayate, generó una fuerte polémica en las últimas horas. Lo que comenzó como una celebración familiar se transformó rápidamente en un escándalo institucional cuando se descubrió que el evento se habría llevado a cabo en un lugar no habilitado para ese tipo de actividades y, lo más grave, con documentos que habrían sido adulterados.
Las imágenes del evento comenzaron a circular en redes sociales y medios locales, mostrando un despliegue importante de estructura, iluminación, sonido y una cantidad considerable de invitados en medio de un paisaje de alto valor ecológico. La difusión de ese material encendió las alarmas entre las autoridades municipales y provinciales, que advirtieron que en la Quebrada de las Conchas rigen normativas estrictas de preservación y que cualquier actividad de ese tipo requiere autorizaciones formales que no se habrían gestionado correctamente.
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, salió al cruce para advertir que el documento que los organizadores presentaban como supuesta autorización no tenía validez. Desde la cartera provincial fueron categóricos: el permiso era apócrifo y no contaba con respaldo en los registros oficiales del organismo. A partir de esa advertencia, se iniciaron actuaciones administrativas y se avanzó en la preparación de una denuncia formal.
El caso tomó una dimensión judicial cuando el propio secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, denunció que su firma había sido falsificada en el documento que circulaba como autorización para el casamiento. “No autoricé nada, ese documento es falso”, afirmó el funcionario, quien remarcó la gravedad institucional del hecho. A raíz de esta situación, se radicó una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público, que quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate. La causa ahora investiga no solo la adulteración documental, sino también la realización de una actividad sin control ambiental en un área natural protegida.
En paralelo, la Municipalidad de Cafayate también avanzó con su propia denuncia. La intendenta Rita Guevara explicó que los organizadores de la boda habían realizado consultas previas en el municipio, pero nunca completaron los trámites formales exigidos por la normativa ambiental. “Tengo la obligación de salvaguardar los espacios y el ambiente”, sostuvo la jefa comunal, al tiempo que confirmó que el municipio se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.
Del otro lado, una mujer que se identificó como propietaria de un inmueble en el lugar salió a defender la realización del evento a través de redes sociales. Aseguró que contaban con los permisos necesarios y planteó si no tenía derecho a celebrar una boda familiar dentro de su propiedad. Sus declaraciones reavivaron un debate más amplio sobre el equilibrio entre el uso privado de la tierra y la preservación de los patrimonios naturales en áreas protegidas, aunque desde la Secretaría de Ambiente recordaron que ningún permiso es válido si no se tramita por canales oficiales y bajo los procedimientos establecidos.
Mientras avanza la investigación, especialistas en medio ambiente advirtieron sobre el impacto que este tipo de eventos puede generar en ecosistemas frágiles como el de la Quebrada de las Conchas. La presencia masiva de personas, sumada a la instalación de estructuras, iluminación artificial y equipos de sonido, puede alterar la fauna autóctona, afectar la flora y acelerar procesos de erosión en un terreno de alto valor paisajístico y ecológico.
El expediente judicial busca determinar ahora si efectivamente hubo falsificación documental, deslindar responsabilidades administrativas y evaluar eventuales daños ambientales. Las imágenes del evento que se conocieron en las últimas horas se suman como elemento clave para reconstruir cómo se llevó adelante la celebración y bajo qué condiciones. El episodio, en tanto, volvió a poner en el centro del debate los mecanismos de control sobre las áreas protegidas en Salta y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas de preservación frente a actividades privadas que buscan realizarse en estos espacios.
