En el marco del pedido de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, oficiales de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario mantenían este martes las protestas en la Casa de Gobierno provincial, en la capital, y en la ciudad de Rosario, en un contexto de suma tensión.
A su vez, el conflicto policial en Santa Fe escaló tras la decisión del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de pasar a disponibilidad a al menos 20 efectivos que participaron en las recientes protestas frente a la Casa de Gobierno.
La sanción administrativa incluyó el retiro inmediato del armamento reglamentario y los chalecos antibalas de los agentes identificados, luego de que se detectaran maniobras de abandono de servicio y la inmovilización de veinte patrulleros en las calles San Jerónimo y 3 de Febrero.
Durante una conferencia de prensa en Rosario, el funcionario fue tajante al señalar que no se permitirán acciones que utilicen a la institución para minar la seguridad pública y perjudicar el patrullaje preventivo.
Mientras tanto, un abogado de los agentes autoconvocados intentaba sin éxito una reunión formal con la cúpula del Poder Ejecutivo, siendo recibido únicamente por una funcionaria de segunda línea, la gestión de Maximiliano Pullaro vinculó el malestar con grupos desplazados de la fuerza por causas de corrupción.
El Gobierno provincial denunció que estas movilizaciones buscan desestabilizar la gestión para recuperar privilegios perdidos y confirmó que trabaja junto al Ministerio Público de la Acusación para establecer responsabilidades penales. Para el Ejecutivo, la paralización de unidades móviles representó el cruce de una línea roja que derivó en una purga interna orientada a garantizar el orden institucional.
Por qué hay protestas de la Policía de Santa Fe
A pesar de que estos números superan en algunos casos a los de las fuerzas federales (PFA y Gendarmería), los manifestantes exigen una "recomposición salarial real" con un básico que no sea inferior a la canasta básica total y liquidaciones más claras.
Además, el reclamo abarca condiciones laborales dignas y el cese de sanciones administrativas para quienes participan de las protestas, en un contexto donde el gobierno provincial busca desactivar el conflicto con una batería de medidas que también incluye cobertura de salud mental y transporte gratuito.