Con la presencia de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, se inauguró ayer en Jujuy el Encuentro Nacional de la Defensa Pública (Endep) 2025, que reúne a defensores públicos de todo el país para debatir los desafíos y transformaciones del sistema de defensa en Argentina.
El acto de apertura se hizo en el Colegio de Abogados encabezado por el vicegobernador Alberto Bernis y autoridades del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y de las defensorías generales provinciales. Martínez destacó la importancia del encuentro por su carácter federal al reunir a defensores de todo el país, tanto nacionales como provinciales, para compartir experiencias y fortalecer un servicio que trabaja cada día con los problemas reales de la gente.
Luego de su conferencia charló con la prensa y destacó el crecimiento sostenido del sistema de defensa pública desde la reforma constitucional de 1994. "Se ha consolidado la figura del defensor general en muchas provincias, en algunos casos por reforma constitucional y en otros por ley, lo que demuestra una expansión institucional significativa", dijo.
Martínez también se refirió a los nuevos ámbitos de intervención que asumió la defensa pública en los últimos años, entre ellos la salud mental, la violencia de género, los derechos de la niñez y adolescencia, las personas privadas de libertad, migrantes y refugiados. "Cada vez se amplía más el campo de actuación, brindando un servicio esencial con un enorme esfuerzo y muchas veces, con recursos limitados", dijo.
Hizo hincapié en la necesidad de garantizar la independencia y autonomía del sistema de defensa. "Si el servicio no es absolutamente autónomo, existe el riesgo de influencias jerárquicas. Litigar contra el propio jefe, aunque sea una persona proba, siempre es difícil", explicó. Consideró que lo ideal es un esquema institucional con un defensor general autónomo que represente a los defensores, un procurador a cargo de los fiscales y una Corte Suprema que supervise a los jueces, "sin interferencias entre sí".
Al referirse a la situación provincial, la funcionaria elogió el desarrollo institucional de Jujuy, a la que calificó como "una de las pocas provincias con reforma constitucional en materia de defensa pública". Destacó además que la Provincia avanzó en la integración de una única defensoría con áreas penal y civil bajo una autoridad común, fortaleciendo la estructura del sistema.
Planteó que hay desafíos tecnológicos que enfrenta el sistema judicial, en el que los procesos son cada vez más complejos y requieren incorporar herramientas digitales, inteligencia artificial y formación en evidencia informática, pero estimó que muchas no cuentan con los mismos recursos que los grandes estudios privados o las organizaciones delictivas.
Otro desafío es formarse para dar respuesta a la problemática de las nuevas técnicas de fecundación asistida y fertilización, la pluriparentalidad, asumiendo que hay necesidad de actualizar los marcos normativos. "Son problemáticas muy sensibles, donde hay deseos de maternidad y paternidad en juego, y niños involucrados", dijo y que se debe dar respuesta e impulsar nuevas leyes.
También destacó la importancia de cuidar la salud mental y el bienestar emocional de los defensores públicos. "Son profesionales que lidian con situaciones humanas complejas y deben actuar con empatía", dijo, y que es clave brindar acompañamiento psicológico y promover buenas relaciones laborales en las defensorías.
Durante la apertura, el vicegobernador Bernis destacó la relevancia del Endep y recordó los avances normativos de Jujuy en materia judicial, destacando la voluntad política de garantizar la autonomía de los organismos de justicia. "En 2015 sancionamos las leyes que dieron origen a la defensa civil, penal y al Ministerio Público de la Acusación, y con la reforma constitucional de 2023 consolidamos esa autonomía en el ámbito de la defensa penal y civil", dijo.
Del acto inaugural participaron también la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, María Gabriela Burgos; el Defensor General Adjunto, Guido Matías Luna; el representante del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y defensor de Río Negro, Ariel Alice; el juez suplente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola, y la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados María Carolina Ocampo.
Defensores de provincias coinciden en cambios
La defensora general de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, destacó la importancia del encuentro como espacio de intercambio y actualización.
Celebró la reciente reforma constitucional de Santa Fe, que creó el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa como órganos autónomos e independientes de los otros poderes del Estado. "Tomamos como modelo no solo la experiencia nacional, sino también la más reciente del país, la Constitución de Jujuy. Para mí es muy emotivo estar acá, porque pensamos mucho en ustedes y seguiremos trabajando en conjunto para aprender de su experiencia en la fusión de la defensa civil y penal", afirmó.
Recordó que la experiencia jujeña fue una referencia directa para Santa Fe, gracias al intercambio institucional con la defensora general María Gabriela Burgos, quien visitó la provincia para compartir el modelo.
También se refirió al juicio por jurados, que Santa Fe comenzó a implementar en 2024. "Ya realizamos dos juicios, uno llevado adelante por un abogado particular y otro por una defensora pública. Esta semana comienza un nuevo proceso, también a cargo de una defensora", dijo. Sostuvo que se está "saldando una deuda histórica", ya que esa figura está contemplada tanto en la Constitución Nacional como en la reforma constitucional santafesina.
Sobre el debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, recordó que la ONU recomendó a la Argentina no avanzar en esa dirección. Anunció que este año en Santa Fe implementaron un Código Procesal Penal Juvenil basado en el sistema adversarial y en audiencias públicas, y consideró que los menores son personas en desarrollo y deben ser tratados con un enfoque especial, que respete su interés superior y promueva su educación y desarrollo integral.
Por su parte, el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Francisco Benítez, destacó el trabajo de Jujuy para una defensa autónoma e integral. "Esta provincia viene avanzando desde hace años en la consolidación de su sistema de defensa pública. La doctora Susana Traillou fue una incansable impulsora de ese proceso, que hoy ubica a Jujuy entre los estándares más altos del país", dijo.
Recordó que Entre Ríos separó la defensa de la acusación en 1933 y que con la reforma constitucional de 2008, consolidó su autonomía e independencia institucional.
Sobre la baja de imputabilidad expresó, "estamos absolutamente en contra. Es una medida inconstitucional y contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, es inútil, el problema del delito en Argentina no pasa por los menores, sino por la falta de políticas de inclusión. La solución es acompañar, no castigar", dijo.
Mientras el defensor general de Salta, Martín Diez, coincidió en la necesidad de revalorizar la tarea de la defensa pública. "Durante mucho tiempo fue un rol olvidado, pero estamos recuperando su verdadero sentido, somos quienes garantizamos el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables", dijo. Destacó los avances tecnológicos que están transformando el sistema judicial y explicó que en Salta muchas audiencias ya se realizan de manera virtual, lo que evita traslados innecesarios y facilita el acceso.
Sobre el debate de la edad de imputabilidad, coincidió en que no es la solución. "Penalizar a un menor no corrige las causas del problema. Lo que se necesita son políticas sociales, contención y prevención.
