Ante el reciente veto presidencial a la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso, en Jujuy la opinión de dos referentes muestra dos enfoques: uno cuestiona la sostenibilidad financiera del sistema previsional y otro la protección de los derechos de los jubilados. El abogado previsionalista jujeño Pedro Figueroa apoya la medida del Ejecutivo, y la del exdiputado y dirigente del Partido Justicialista, Marcelo Llanos, la califica de inconstitucional.
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Ante el reciente veto presidencial a la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso, en Jujuy la opinión de dos referentes muestra dos enfoques: uno cuestiona la sostenibilidad financiera del sistema previsional y otro la protección de los derechos de los jubilados. El abogado previsionalista jujeño Pedro Figueroa apoya la medida del Ejecutivo, y la del exdiputado y dirigente del Partido Justicialista, Marcelo Llanos, la califica de inconstitucional.
Pedro Figueroa, conocido por su expertise en temas previsionales, se mostró firmemente a favor del veto presidencial. Para Figueroa, la medida es una respuesta necesaria a la falta de previsión financiera de la ley. "Para mí es un crimen y el veto está absolutamente justificado. Hay una ley que se llama de Administración Financiera de la Nación, cuyo artículo 38 dice que cuando se presenta una ley que no esté contemplada en el presupuesto, como es este caso, los autores tienen la obligación de señalar de dónde saldrán los fondos para financiar", afirmó argumentando su postura.
Cabe recordar que la ley establecía una mejora del 8,1% en las jubilaciones, junto con una nueva fórmula para calcular los aumentos futuros. El abogado reconoció que la mejora es necesaria y cuestionó la viabilidad financiera del proyecto, indicando que su implementación habría requerido seis billones de pesos en 2024 y quince billones en 2025. "¿De dónde van a sacar plata para pagar esa locura?", se preguntó.
Además, lamentó que los legisladores no hayan identificado las fuentes de financiamiento necesarias para sostener la reforma, insinuando que la ley podría haber sido impulsada con la intención de "jorobar al Gobierno". También recordó que en el pasado, una ley similar que proponía el 82% móvil para las jubilaciones fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin que se generara la misma controversia.
También planteó que más allá de reformas legales, la única solución viable para mejorar el sistema previsional en Argentina es la generación de empleo masivo, que permita aumentar el número de aportantes activos en relación con el número de jubilados y que podría venir de la industria. "Está complicado", reconoció, aludiendo a las dificultades que enfrenta el país para financiar el sistema en su estado actual.
"Es inconstitucional y viola pactos internacionales"
En el otro extremo, Marcelo Llanos, exdiputado y dirigente del Partido Justicialista, criticó duramente el veto presidencial, calificándolo de inconstitucional y expresó que no está de acuerdo con la postura de Figueroa. Llanos se basó en que el artículo 31 de la Constitución Nacional establece la jerarquía normativa y otorga primacía a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen rango constitucional.
Para Llanos, los jubilados constituyen un sector vulnerable, protegido por estos pactos internacionales, que obligan al Estado a garantizarles un nivel de vida digno. "Los jubilados están cobrando por debajo de la línea de indigencia, lo que da cuenta de que se están violando los pactos internacionales", afirmó, y señaló que la reforma aprobada por el Congreso buscaba precisamente corregir esta situación.
El exdiputado argumentó que en este contexto, la ley vetada estaba bien sancionada y cumplía con los mandatos constitucionales y convencionales. Además, rechazó las afirmaciones de que la reforma no era sostenible, calificando este argumento como "remanido y rebuscado". Según el exdiputado, el veto es una decisión política que ignora las obligaciones del Estado hacia los jubilados.
Llanos también cuestionó cómo los legisladores que apoyaron el veto justificarán su cambio de postura ante la ciudadanía, dado que la ley había sido aprobada con un amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso.
A su entender, contrariamente con lo que dijo el presidente MIlei, la reforma jubilatoria sí es sostenible, por lo que aseguró que es un decisión política, asumiendo que existen muchos elementos para cumplir. Recordó que el Ejecutivo "dijo que transfirió 15 puntos del PBI a los argentinos de bien 'tenedores de bonos', hay que imaginar el 0.4, con eso tendríamos para pagarle 30 años este aumento a los jubilados", afirmó, asegurando que es cuestión de prioridad y de política pública.
Pago de deuda previsional
El abogado previsonalista Pedro Figueroa se refirió también al Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad que pese a que la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Bases que en principio planteaba eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo sistema de prestación proporcional, finalmente se dejó de lado por lo que seguiría vigente. El Plan de Pago de Deuda Previsional, vigente desde marzo de 2023, es un salvavidas para trabajadores que al llegar a la edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación completa.
Esta ley 27.507, fue aprobada por el Congreso y estableció un programa de facilidades de pago para regularizar la deuda previsional en hasta 120 cuotas, que se deducen directamente de los haberes jubilatorios una vez que el beneficiario comienza a percibirlos. Sin embargo casi desaparece y se estima que el presidente Javier Milei no tiene intención de prorrogar la ley luego de marzo de 2025 en que se vence. Pedro Figueroa, expresó que el Plan de Pago de Deuda Previsional es una ley “beneficiosa” tanto para los trabajadores como para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
“Esta norma permite que Anses recaude dinero y, por otro lado, que la gente vaya preparando su jubilación. Porque sabe que cuando llegue a la edad, si sigue sin pagar nada, no se va a poder jubilar”, explicó el abogado. Además, destacó la importancia de esta ley en un contexto donde el sistema previsional argentino enfrenta serios desafíos financieros.
Según estudios, para que el régimen de reparto se autofinancie, se necesita que haya entre cuatro y cinco trabajadores activos por cada jubilado por lo que recordó que debido a la alta informalidad laboral y la tasa de desempleo, apenas alcanza un ratio de un aportante activo por jubilado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Recordó también que cuando se discutió la creación de esta ley, existían propuestas para eliminarla, pero finalmente se decidió mantenerla en vigor, lo que para él demuestra la necesidad urgente de recaudar fondos para financiar las jubilaciones. A pesar de esto, Milei podría enviar nuevamente un proyecto de ley para su eliminación, lo que generaría un vacío para los trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria y no cumplen con los años de aportes necesarios.
De acuerdo con datos del Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social de Anses, en marzo de 2024, el 59% de las jubilaciones y pensiones habían sido tramitadas a través de alguna forma de moratoria. La ley también incluye una cláusula que permite a los trabajadores en actividad mayores de 50 años, que tengan menos de 20 años de aportes, hacer pagos adicionales para llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales y reconoce un año de aportes por cada hijo para las mujeres.
