El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, representado por la fiscal especializada en Violencia de Género, violencia sexual e intrafamiliar, María Emilia Curten Haquim, imputó por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género a un hombre identificado como Gustavo Guillermo Flores (35), a quien se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.
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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, representado por la fiscal especializada en Violencia de Género, violencia sexual e intrafamiliar, María Emilia Curten Haquim, imputó por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género a un hombre identificado como Gustavo Guillermo Flores (35), a quien se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.
La acusación se basa en un hecho ocurrido el domingo 3 de noviembre en el barrio Bárcena de la capital jujeña, en las circunstancias que el imputado habría rociado con alcohol y prendido fuego a su expareja, quien sufrió quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo y permanece hospitalizada en estado delicado.
Según los indicios reunidos por los investigadores, Flores mantuvo una discusión con la víctima, una joven de 23 años, a la que amenazó de muerte antes de cometer la agresión.
Durante el ataque, el hombre también resultó con quemaduras en sus manos. Los testigos de contexto, quienes escucharon los pedidos de auxilio de la víctima, fueron clave en la investigación al aportar datos sobre el escenario del hecho.
Los servicios de emergencia respondieron de inmediato, trasladando a la mujer al hospital "Pablo Soria," donde aún se encuentra bajo tratamiento.
En la audiencia imputativa realizada el pasado 6 de noviembre, la Fiscalía acusó a Gustavo Guillermo Flores por la supuesta autoría de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.
En ese contexto, el juez de control especializado en Violencia de Género, Cristian Molina, avaló la solicitud del MPA y otorgó la prisión preventiva por cuatro meses, para la investigación penal preparatoria.
El Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) acompañó a los familiares de la víctima en la audiencia, mientras que la defensora pública, Adriana Fernández, representó al imputado. La investigación sigue su curso, con peritajes pendientes para evaluar las secuelas físicas y psicológicas de la víctima.
Según el informe preliminar del médico del MPA, la recuperación podría demorar de cuatro a cinco meses, y se necesitará al menos 90 días para establecer si habrá secuelas funcionales o estéticas en la salud de la joven.
