El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó la detención del exjefe y del exsubjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal Argentina (PFA), Cristian Bejarano y Milton Cano, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a 4 años y 8 meses de prisión que les fue impuesta el 7 de marzo de 2022 por haber intentado contrabandear un camión cargado de insumos sanitarios y otra mercadería hacia Bolivia en abril de 2020, en medio de la pandemia de Covid19 y con la frontera cerrada.
El rechazo a los recursos intentados por las defensas se comunicó el 20 de agosto pasado y un día después concretaron las detenciones. Desde entonces, los condenados permanecen alojados en el Escuadrón de La Quiaca de la Gendarmería Nacional, a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III.
Bejarano y Cano fueron condenados como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa.
La sentencia fue impuesta a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró la condena de otros cuatro cómplices: los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, recibieron 4 años y 3 meses de prisión como coautores del mismo delito que los policías, y Eduardo Laime, chofer, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, como partícipe necesario.
El caso juzgado ocurrió el 22 de abril del 2020, cuando Laime y los hermanos Saiquita fueron detenidos alrededor de las 3 por personal del Escuadrón 21 de La Quiaca, que interceptó un camión cargado con mercadería e insumos sanitarios que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas.
El procedimiento se registró en el paraje "Ojo de Agua", zona de paso obligado para el cruce al vecino país. Llamó la atención de los gendarmes que el camión Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la PFA, en el que viajaban los jefes principales y Fabián Saiquita.
El rodado detenido estuvo a 500 metros de traspasar la frontera. Se constató que en su interior, llevaba mercadería por un valor superior a 840 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios para la prevención del coronavirus. La valuación del rodado se estimó entonces en más de 900 mil pesos.
Juicio, impugnación y condena
Como resultado de la tarea investigativa de la fiscalía, en septiembre de 2020 se avanzó con la detención de los exjefes implicados y luego, se formalizó la acusación y se llegó a juicio en junio de 2021 ante el TOF de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi (presidenta), Marta Snopek y Mario Héctor Juáres Almaraz.
En el debate, Zurueta resaltó que al momento del hecho estaban vigentes varias medias sanitarias en el marco de la pandemia, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras con países vecinos. También presentó testigos y pruebas, como las comunicaciones previas mantenidas por los acusados, para demostrar la responsabilidad de los dos jefes. El 6 de agosto del 2021, tras escuchar los alegatos, el tribunal, con los votos de Snopek y Juárez Almaraz, resolvió exculpar por el beneficio de la duda a los dos jefes policiales y a los hermanos Saiquita.
De forma unánime dispuso la absolución de Laime. El 20 de agosto de ese año, Zurueta impugnó el fallo por considerarlo arbitrario y carente de motivación suficiente para la decisión dictada. El planteo fue tratado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (como presidente) y Javier Carbajo y Angela Ledesma, como vocales.
El 23 de septiembre 2021, en la audiencia de sustanciación de la impugnación, el fiscal general ante esa cámara y la auxiliar fiscal ratificaron los argumentos del fiscal Zurueta, como también el pedido para que la absolución fuera revocada y se declarara la responsabilidad penal de los acusados.
El 1 de noviembre la Cámara Federal de Casación resolvió declarar la responsabilidad penal de los seis acusados, en línea con los argumentos esgrimidos por la fiscalía. En su disidencia, la jueza Ledesma se pronunció por el rechazo de la impugnación de la fiscalía. Las defensas de los acusados, entonces, formularon una nueva impugnación. Este planteo fue resuelto el 11 de febrero del 2022 por los jueces de la Sala III de la misma cámara, quienes decidieron de manera unánime confirmar la decisión mayoritaria de sus pares.
Luego de esa resolución, el TOF de Jujuy retomó avanzó con el juicio de determinación de pena y el 7 de marzo de 2022 resolvió la condena de los seis acusados. La defensa de los exjefes policiales interpuso un recurso extraordinario directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue rechazado y luego un recurso de queja fue desestimado.