El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) elaboró una zonificación sísmica de la República Argentina, dividiendo al territorio nacional en cinco zonas, numeradas del 0 al 4. La zona 0 corresponde a áreas con sismicidad prácticamente nula, mientras que la zona 4 representa una sismicidad muy elevada. Las zonas intermedias son: zona 1 (sismicidad reducida), zona 2 (moderada) y zona 3 (elevada).
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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) elaboró una zonificación sísmica de la República Argentina, dividiendo al territorio nacional en cinco zonas, numeradas del 0 al 4. La zona 0 corresponde a áreas con sismicidad prácticamente nula, mientras que la zona 4 representa una sismicidad muy elevada. Las zonas intermedias son: zona 1 (sismicidad reducida), zona 2 (moderada) y zona 3 (elevada).
Según esta zonificación, la provincia de Jujuy se encuentra comprendida entre las zonas 2 y 3, es decir, con sismicidad moderada y elevada. La zona 3 abarca el sur de la región de la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, incluyendo los departamentos de Tilcara, Tumbaya, San Antonio, Doctor Manuel Belgrano, Valle Grande, Palpalá, El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma, San Pedro y el sector sur de Humahuaca. Por su parte, el resto de la Cordillera Oriental y toda la Puna jujeña se ubican en zona 2.
Los sismos en zona 3 se caracterizan por originarse a poca profundidad, con focos que no superan los 45 kilómetros. Esta limitación se debe a la presencia del manto terrestre, una capa rocosa más dúctil que la corteza. La mayoría de los eventos sísmicos se producen entre los 20 y 25 km de profundidad.
Existen diversas condiciones que agravan el riesgo sísmico en la provincia. Por ejemplo, muchos asentamientos se ubican sobre terrenos de relleno formados por material erosionado proveniente de las serranías, lo que los convierte en suelos inestables ante un movimiento sísmico. También hay construcciones precarias tanto en áreas rurales como urbanas. Además, se registra una gran cantidad de fracturas geológicas con orientación preferente norte-sur, muchas de las cuales no han sido estudiadas en detalle para determinar si están activas.
Otro factor crítico es la alta densidad poblacional: más del 90% de la población provincial se concentra en la zona sísmica 3. Esta zona se convierte en una de las regiones con mayor vulnerabilidad sísmica del país, solo por detrás de San Juan y Mendoza.
Frente a este panorama, se hace imprescindible implementar un plan de prevención sísmica integral. Este debe ir mucho más allá de la distribución de folletería básica. Es necesario incorporar herramientas actualizadas que reflejen los avances en tecnología, materiales de construcción y sistemas de alerta.
Entre las medidas prioritarias se encuentran: La realización de simulacros periódicos en instituciones públicas y privadas.La inclusión de áreas rurales, donde también hay escuelas y centros de salud.La elaboración de cartografía detallada sobre infraestructura, población, accesos y servicios críticos.
Estudios técnicos que identifiquen rutas de evacuación más seguras.
La evaluación estructural de edificios públicos y viviendas, especialmente aquellas con mayor antigüedad o materiales no adecuados.
La gestión de emergencias ante un sismo requiere una coordinación eficaz. No basta con contar con instituciones de respuesta como bomberos o servicios de salud. Un evento sísmico puede causar daños simultáneos en distintas zonas, provocando incendios, inundaciones, roturas de cañerías, accidentes y colapsos estructurales.
Por eso, resulta fundamental que el gobierno provincial cuente con un Comité de Crisis que designe un líder único para centralizar decisiones y brindar información oficial clara y oportuna. Además, sería recomendable fortalecer la organización barrial mediante centros vecinales con referentes capacitados para reportar, al Comité de crisis, daños y necesidades inmediatamente después del sismo y continuar todo el tiempo ampliando información, facilitando la acción de los equipos de rescate en sectores más urgentes.
La prevención efectiva también depende de que cada institución tenga definido el rol de su personal en una emergencia, evitando improvisaciones y desorganización que puedan entorpecer las acciones de asistencia.
Finalmente, se hace necesario establecer un Programa Provincial de Prevención Sísmica, con asignación presupuestaria específica, para garantizar su continuidad en el tiempo y su alcance a toda la población, sin distinción de ubicación geográfica o condición social.