La Unidad Fiscal de la provincia imputó a dos trabajadores y a la firma Dosan Inversiones SRL por contrabando de exportación e importación agravado de carne.
La maniobra, realizada en marzo de 2024, habría involucrado el traslado de 15 medias reses hacia Bolivia, por un paso no habilitado, y el cobro posterior de más de 22 millones de pesos.
La audiencia se desarrolló ante el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen (en carácter de interino del Juzgado Federal 2), y estuvo a cargo de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, del Área de Flagrancia de la mencionada unidad fiscal. El caso había tenido una primera audiencia de formalización el 13 de junio anterior.
En esa oportunidad, la fiscalía imputó a César Daniel Fatti por contrabando de exportación e importación en calidad de partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra por contrabando de importación. En la audiencia reciente, se amplió la imputación con el agravante previsto en el artículo 865 inciso "i" del Código Aduanero, aplicable cuando el valor en plaza de la mercadería supera los tres millones de pesos.
Asimismo, la Fiscalía extendió la imputación a la empresa, en su carácter de responsable solidaria por los delitos aduaneros atribuidos a sus dependientes.
Sobre el caso
Según expuso la Fiscalía, los hechos comenzaron el 11 de marzo de 2024, cuando una patrulla del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería recorría un sector fronterizo próximo a un paso ilegal habitualmente utilizado.
Los efectivos observaron a Fatti León y Saavedra ingresar desde Bolivia y, al identificarlos, detectaron que el primero llevaba 22.638.550 de pesos, los cuales fueron secuestrados junto a su teléfono celular.
La investigación inicial permitió establecer que ambos hombres trabajaban en una carnicería que la firma posee en La Quiaca y que ninguno pudo justificar el dinero. Posteriormente, se reconstruyó que cuatro días antes, el 7 de marzo, el empleado que transportó los fondos había intervenido en el traslado ilegal hacia Bolivia de 15 medias reses, mediante un camión Iveco de la empresa.
La operación se concretó en dos momentos y finalizó con el vehículo estacionado a escasos metros de la frontera, sin utilizar el paso habilitado. Desde allí, la mercadería fue transferida a territorio boliviano. Según la hipótesis fiscal, el cobro de la operación ocurrió días después, cuando los dos empleados viajaron nuevamente al país vecino.
La Fiscalía sostuvo que la hipótesis se corrobora con diversas evidencias: reporte de geoposicionamiento del camión, impacto de antenas del teléfono celular y mensajes intercambiados entre el imputado y su pareja, en los que se describen la carga y descarga de las reses.
Entre los mensajes figuran expresiones como: "Estamos bajando", "Con carne", "Recién cargamos 15 medias" y "Vamos a ir a descargar". En otro chat, su pareja advierte: "A pie están gendarmes".
La empresa
La Fiscalía sostuvo que la empresa estuvo directamente vinculada a las maniobras. En el expediente consta que la firma requirió formalmente la restitución del dinero incautado, aduciendo que era producto de una venta a una clienta y aportando factura y documentación respaldatoria.
De esos registros surge que Saavedra fue incorporado a la firma el 8 de marzo de 2021, mientras que Fatti León fue registrado recién el 13 de marzo de 2024, dos días después del procedimiento donde se secuestró el dinero.
Asimismo, se verificó que otros empleados registraban múltiples movimientos migratorios hacia la ciudad boliviana fronteriza de Villazón en horarios coincidentes y con permanencias breves, entre dos y tres horas.
Sobre la firma Dosan Inversiones SRL, se estableció que fue constituida el 10 de noviembre de 2009 en Salta y registra más de diez puntos de venta, entre ellos la carnicería ubicada en La Quiaca.
Según los organismos de control, desarrolla diversas actividades vinculadas a la comercialización mayorista y minorista de carnes. La empresa cuenta con registro como Agente Aduanero, pero se encuentra suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios.
Con estas evidencias, la Fiscalía fundó la imputación contra la empresa como persona jurídica, que prevén penas de 2 a 8 años de prisión para quien importe o exporte mercadería por lugares no habilitados, y el agravante de cuando el valor en plaza supera los tres millones de pesos, lo que, en este caso, quedó acreditado.
También se citó el artículo 887 del mismo código, el cual establece la responsabilidad solidaria de la empresa respecto a las penas pecuniarias que se impongan a sus dependientes por la comisión de delitos aduaneros en ejercicio u ocasión de sus funciones.
El juez dio por formalizada la ampliación del objeto procesal y prorrogó las medidas de coerción dispuestas sobre Fatti León y Saavedra, entre ellas la prohibición de salir del país.
