El juez de Control N° 3 Gastón Mercau ordenó una inspección en dos inmuebles de propiedad de la dirigente social Milagro Sala, uno en la localidad de El Carmen y otro en el barrio Cuyaya de nuestra ciudad, "a los efectos de establecer si resulta viable la aplicación de algunas medidas sugeridas de la resolución cautelar emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sobre la detención de la dirigente social Milagro Sala.
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El juez de Control N° 3 Gastón Mercau ordenó una inspección en dos inmuebles de propiedad de la dirigente social Milagro Sala, uno en la localidad de El Carmen y otro en el barrio Cuyaya de nuestra ciudad, "a los efectos de establecer si resulta viable la aplicación de algunas medidas sugeridas de la resolución cautelar emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sobre la detención de la dirigente social Milagro Sala.
Además la defensa de la dirigente Sala fue notificada para que ofrezcan otro inmueble para una eventual medida resolutiva.
La medida del juez de Control está dispuesta para que se lleve a cabo mañana jueves a partir de las 9 y ya se libró un oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Ministerio de Seguridad de la Nación, para establecer si el personal de Gendarmería Nacional puede cumplir con las funciones de seguridad y custodia de la dirigente social en el caso de que se ordene el cumplimiento de la medida de prisión domiciliaria.
Además se supo que la defensa de Sala fue notificada para que en el término de 24 horas proponga otros posibles inmuebles para el eventual caso de que se disponga una prisión domiciliaria.
Respecto de los inmuebles que deben ser inspeccionados uno está ubicado en el lote Villa Parque La Ciénaga del departamento de El Carmen y el otro ubicado en la calle Gordaliza del barrio Cuyaya de nuestra ciudad.
Esta medida fue emitida por el juez de Control Mercau, quien dispuso la detención de Sala, imputada en varias causas judiciales que luego fueron unificadas y se las conocen como "megacausa", por supuesto malversación de fondos y fraude a la administración pública.
Por otra parte se supo que el juez de Instrucción Causas Ley Pablo Pullen Llermanos, quien ordenó su detención por dos causas judiciales, una por supuesta coautora del delito de homicidio en grado de tentativa en la causa conocida como "balacera de Azopardo" ocurrido en 2007 y otra por supuestas amenazas en una comisaría, al cierre de nuestra edición no había ordenado ninguna medida al respecto de la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.