Además, en los tres casos, criticaron con dureza al juez, lo acusaron de actuar mediáticamente, y aseguraron que no hay pruebas en su contra al cuestionar la validez legal de un informe entregado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el caso de Melina y Leandro Báez, ambos negaron poseer cuentas bancarias en el exterior.
"No poseo cuentas en el exterior", afirmó Melina en el escrito entregado al juez que le imputó ser supuesta beneficiaria de cuentas en Suiza por un total de 25 millones de dólares, en base a un informe recibido desde la UIF.
Y agregó, al igual que Leandro, que "en ningún momento" usó "cuentas ni en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero, como el juez quiere hacer creer fundadamente a la prensa".
Además, Melina se quejó del direccionamiento del caso hacia su familia: "No existe una sola prueba de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero ni hubiera cometido algún delito", agregó.
Tanto ella como Leandro pidieron al juez que les permita volver a Río Gallegos y revoque la decisión de obligarlos a permanecer en la Ciudad de Buenos Aires.
Patrocinados por los mismos abogados, Leandro presentó un escrito similar aunque, en su caso, puso énfasis en la recusación que presentó para apartar a Casanello de la causa, aún no resuelta en la Cámara Federal porteña, y en la falta de validez como prueba del informe de la UIF.
Ambos reclamaron al juez que les permita volver a Río Gallegos por cuestiones familiares y afirmaron que no hay peligro de fuga.
Por su parte, con sus propios abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Martín Báez, dejó un escrito en el que apuntó directo a la validez de la prueba para indagarlo a raíz del informe de la UIF.
"La información en que se sustenta la imputación alude a un informe que no conozco", explicó.
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Además, en los tres casos, criticaron con dureza al juez, lo acusaron de actuar mediáticamente, y aseguraron que no hay pruebas en su contra al cuestionar la validez legal de un informe entregado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el caso de Melina y Leandro Báez, ambos negaron poseer cuentas bancarias en el exterior.
"No poseo cuentas en el exterior", afirmó Melina en el escrito entregado al juez que le imputó ser supuesta beneficiaria de cuentas en Suiza por un total de 25 millones de dólares, en base a un informe recibido desde la UIF.
Y agregó, al igual que Leandro, que "en ningún momento" usó "cuentas ni en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero, como el juez quiere hacer creer fundadamente a la prensa".
Además, Melina se quejó del direccionamiento del caso hacia su familia: "No existe una sola prueba de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero ni hubiera cometido algún delito", agregó.
Tanto ella como Leandro pidieron al juez que les permita volver a Río Gallegos y revoque la decisión de obligarlos a permanecer en la Ciudad de Buenos Aires.
Patrocinados por los mismos abogados, Leandro presentó un escrito similar aunque, en su caso, puso énfasis en la recusación que presentó para apartar a Casanello de la causa, aún no resuelta en la Cámara Federal porteña, y en la falta de validez como prueba del informe de la UIF.
Ambos reclamaron al juez que les permita volver a Río Gallegos por cuestiones familiares y afirmaron que no hay peligro de fuga.
Por su parte, con sus propios abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Martín Báez, dejó un escrito en el que apuntó directo a la validez de la prueba para indagarlo a raíz del informe de la UIF.
"La información en que se sustenta la imputación alude a un informe que no conozco", explicó.