Un proyecto de una nueva ley antidiscriminatoria que ampare a colectivos de la diversidad sexual, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros, fue presentada ayer en el Senado ya que la actual "no es eficiente", afirmó la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rachid, una de las impulsores de la iniciativa.
Entre otras puntos, la nueva normativa propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros- y la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos.
Además contempla una definición más amplia de "acto discriminatorio", más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales, la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y autonomía del daño moral e importantes cambios en la legislación penal.
La Federación Argentina Lgbt, junto a los senadores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, y el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, presentaron ayer el proyecto de ley en el salón Eva Perón de la Cámara alta.
Rachid, quien además está a cargo del recién creado Instituto Contra la Discriminación porteño (ICD), dijo que "presentamos un nuevo proyecto de ley por la mesa de entradas y los senadores (Abal Medina y Kunath) lo tomaron como propio y se comprometieron con la problemática".
"Hace años que venimos trabajando en este nuevo proyecto, la ley vigente es muy antigua y no incluye pretextos discriminatorios a la diversidad sexual, ni a los adultos mayores, ni personas con discapacidad, es decir no incluye colectivos o factores que son considerados muy importantes", explicó la legisladora.
"Siempre que hay un hecho de discriminación hay un daño moral, no se necesita prueba de ello, esto también es uno de los cambios que incluimos en el nuevo proyecto de ley", precisó Rachid y remarcó que "ademas de la reparación e indemnización económica proponemos sentencias como una disculpa publica, trabajo comunitario, cursos de derechos humanos".
En la nueva normativa también se propone "que la autoridad de aplicación sea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)".
En este contexto y para poder colaborar con su par nacional se anunció la creación del Instituto Contra la Discriminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ICD) que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e "intervendrá en todos los hechos de discriminación en la ciudad".
"Se tomarán denuncias, y dado que Amor tiene iniciativa parlamentaria podremos presentar proyectos de ley para combatir la problemática", manifestó Rachid.
Entre otras puntos, la nueva normativa propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros- y la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos.
Además contempla una definición más amplia de "acto discriminatorio", más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales, la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y autonomía del daño moral e importantes cambios en la legislación penal.
La Federación Argentina Lgbt, junto a los senadores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, y el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, presentaron ayer el proyecto de ley en el salón Eva Perón de la Cámara alta.
Rachid, quien además está a cargo del recién creado Instituto Contra la Discriminación porteño (ICD), dijo que "presentamos un nuevo proyecto de ley por la mesa de entradas y los senadores (Abal Medina y Kunath) lo tomaron como propio y se comprometieron con la problemática".
"Hace años que venimos trabajando en este nuevo proyecto, la ley vigente es muy antigua y no incluye pretextos discriminatorios a la diversidad sexual, ni a los adultos mayores, ni personas con discapacidad, es decir no incluye colectivos o factores que son considerados muy importantes", explicó la legisladora.
"Siempre que hay un hecho de discriminación hay un daño moral, no se necesita prueba de ello, esto también es uno de los cambios que incluimos en el nuevo proyecto de ley", precisó Rachid y remarcó que "ademas de la reparación e indemnización económica proponemos sentencias como una disculpa publica, trabajo comunitario, cursos de derechos humanos".
En la nueva normativa también se propone "que la autoridad de aplicación sea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)".
En este contexto y para poder colaborar con su par nacional se anunció la creación del Instituto Contra la Discriminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ICD) que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e "intervendrá en todos los hechos de discriminación en la ciudad".
"Se tomarán denuncias, y dado que Amor tiene iniciativa parlamentaria podremos presentar proyectos de ley para combatir la problemática", manifestó Rachid.
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Un proyecto de una nueva ley antidiscriminatoria que ampare a colectivos de la diversidad sexual, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros, fue presentada ayer en el Senado ya que la actual "no es eficiente", afirmó la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rachid, una de las impulsores de la iniciativa.
Entre otras puntos, la nueva normativa propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros- y la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos.
Además contempla una definición más amplia de "acto discriminatorio", más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales, la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y autonomía del daño moral e importantes cambios en la legislación penal.
La Federación Argentina Lgbt, junto a los senadores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, y el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, presentaron ayer el proyecto de ley en el salón Eva Perón de la Cámara alta.
Rachid, quien además está a cargo del recién creado Instituto Contra la Discriminación porteño (ICD), dijo que "presentamos un nuevo proyecto de ley por la mesa de entradas y los senadores (Abal Medina y Kunath) lo tomaron como propio y se comprometieron con la problemática".
"Hace años que venimos trabajando en este nuevo proyecto, la ley vigente es muy antigua y no incluye pretextos discriminatorios a la diversidad sexual, ni a los adultos mayores, ni personas con discapacidad, es decir no incluye colectivos o factores que son considerados muy importantes", explicó la legisladora.
"Siempre que hay un hecho de discriminación hay un daño moral, no se necesita prueba de ello, esto también es uno de los cambios que incluimos en el nuevo proyecto de ley", precisó Rachid y remarcó que "ademas de la reparación e indemnización económica proponemos sentencias como una disculpa publica, trabajo comunitario, cursos de derechos humanos".
En la nueva normativa también se propone "que la autoridad de aplicación sea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)".
En este contexto y para poder colaborar con su par nacional se anunció la creación del Instituto Contra la Discriminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ICD) que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e "intervendrá en todos los hechos de discriminación en la ciudad".
"Se tomarán denuncias, y dado que Amor tiene iniciativa parlamentaria podremos presentar proyectos de ley para combatir la problemática", manifestó Rachid.
Entre otras puntos, la nueva normativa propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros- y la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos.
Además contempla una definición más amplia de "acto discriminatorio", más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales, la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y autonomía del daño moral e importantes cambios en la legislación penal.
La Federación Argentina Lgbt, junto a los senadores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath, y el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, presentaron ayer el proyecto de ley en el salón Eva Perón de la Cámara alta.
Rachid, quien además está a cargo del recién creado Instituto Contra la Discriminación porteño (ICD), dijo que "presentamos un nuevo proyecto de ley por la mesa de entradas y los senadores (Abal Medina y Kunath) lo tomaron como propio y se comprometieron con la problemática".
"Hace años que venimos trabajando en este nuevo proyecto, la ley vigente es muy antigua y no incluye pretextos discriminatorios a la diversidad sexual, ni a los adultos mayores, ni personas con discapacidad, es decir no incluye colectivos o factores que son considerados muy importantes", explicó la legisladora.
"Siempre que hay un hecho de discriminación hay un daño moral, no se necesita prueba de ello, esto también es uno de los cambios que incluimos en el nuevo proyecto de ley", precisó Rachid y remarcó que "ademas de la reparación e indemnización económica proponemos sentencias como una disculpa publica, trabajo comunitario, cursos de derechos humanos".
En la nueva normativa también se propone "que la autoridad de aplicación sea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)".
En este contexto y para poder colaborar con su par nacional se anunció la creación del Instituto Contra la Discriminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ICD) que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e "intervendrá en todos los hechos de discriminación en la ciudad".
"Se tomarán denuncias, y dado que Amor tiene iniciativa parlamentaria podremos presentar proyectos de ley para combatir la problemática", manifestó Rachid.
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