El juez federal Ariel Lijo procesó a los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo y a un grupo de empresarios por lavado de dinero, a raíz de irregularidades en los aportes para la campaña presidencial de 2007, que consagró a Cristina Kirchner Presidenta de la Nación.
El juez consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y "obtener su apariencia de licitud".
Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral; y también están involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.
Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de "lavado de activos provenientes de un delito" en el marco de la campaña para consagrar a la fórmula del FPV, que llevó a Cristina Kirchner como Presidenta y al radical Julio Cobos de Vicepresidente.
Los aportes fueron hechos por las droguerías "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" -presididas por Carlos Torres,Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente- que aportaron un total de 886 mil pesos provenientes de un "origen ilícito", y la maniobra fue "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud".
El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes. Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público, para eludir que fuera identificado el aportante.
El juez consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y "obtener su apariencia de licitud".
Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral; y también están involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.
Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de "lavado de activos provenientes de un delito" en el marco de la campaña para consagrar a la fórmula del FPV, que llevó a Cristina Kirchner como Presidenta y al radical Julio Cobos de Vicepresidente.
Los aportes fueron hechos por las droguerías "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" -presididas por Carlos Torres,Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente- que aportaron un total de 886 mil pesos provenientes de un "origen ilícito", y la maniobra fue "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud".
El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes. Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público, para eludir que fuera identificado el aportante.
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El juez federal Ariel Lijo procesó a los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo y a un grupo de empresarios por lavado de dinero, a raíz de irregularidades en los aportes para la campaña presidencial de 2007, que consagró a Cristina Kirchner Presidenta de la Nación.
El juez consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y "obtener su apariencia de licitud".
Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral; y también están involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.
Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de "lavado de activos provenientes de un delito" en el marco de la campaña para consagrar a la fórmula del FPV, que llevó a Cristina Kirchner como Presidenta y al radical Julio Cobos de Vicepresidente.
Los aportes fueron hechos por las droguerías "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" -presididas por Carlos Torres,Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente- que aportaron un total de 886 mil pesos provenientes de un "origen ilícito", y la maniobra fue "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud".
El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes. Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público, para eludir que fuera identificado el aportante.
El juez consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y "obtener su apariencia de licitud".
Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral; y también están involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.
Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de "lavado de activos provenientes de un delito" en el marco de la campaña para consagrar a la fórmula del FPV, que llevó a Cristina Kirchner como Presidenta y al radical Julio Cobos de Vicepresidente.
Los aportes fueron hechos por las droguerías "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" -presididas por Carlos Torres,Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente- que aportaron un total de 886 mil pesos provenientes de un "origen ilícito", y la maniobra fue "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud".
El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes. Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público, para eludir que fuera identificado el aportante.
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