La creciente preocupación en algunos sectores de la sociedad, llámense legisladores, jueces, integrantes de las fuerzas de seguridad, ha encendido nuevamente el debate sobre la vigente necesidad de una ley de derribo de aviones que ingresan al país.
Ante la imposibilidad de realizar un censo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2014 señalaban que en el país había más de dos mil pistas clandestinas, algunas de las cuales había sido declarada en algún momento.
Esta iniciativa se comenzó a discutir en el año 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, quien firmó un decreto que establecía la instalación de 69 radares en todo el país, pero al igual que muchos proyectos quedó en la nada.
El actual parlamentario por el Mercosur, Alberto Asseff, presentó una ley de derribo nueve años después, en el 2013. El mismo proyecto fue replicado en el 2015. En el mismo año fue el diputado nacional por Jujuy, Mario Fiad, quien también presentó un proyecto de Ley integral de lucha contra el narcotráfico.
En el capítulo II se refería el actual ministro de Salud de la provincia a la creación del Sistema Integral de Vigilancia y Control Aeroespacial, cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera y del espacio aéreo. Siempre de acuerdo a datos sueltos las zonas rojas en lo referente a las pistas clandestinas son la Mesopotamia, además del Norte y el Noroeste argentino, especialmente en las zonas boscosas donde se pueden divisar algunos claros que tienen unos 100 metros de ancho y unos 1000 a 1500 de extensión.
Justamente es en esta zona norte y del noroeste donde hoy proliferan las denuncias por avionetas que aterrizan en esas pistas clandestinas. Son pequeñas aeronaves que están especialmente preparadas para transportar alrededor de unos 300 kilos de droga por viaje.
De acuerdo a dichos de algunos vecinos de estas áreas rurales, es habitual divisar a esos aviones sobrevolar los lugares donde existen estas pistas, especialmente en horas del mediodía o bien al amanecer.
La Cámara de Diputados de la Nación tiene 45 comisiones permanentes. Una de ellas es Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. En la Cámara Alta hay 25 comisiones permanentes, entre las que está Seguridad Interior y Narcotráfico. En ambas trabajan 329 legisladores nacionales.
De ninguna de las dos salió una ley para frenar el narcotráfico, desde que Cristina Fernández asumió su segundo mandato, en diciembre de 2011. La última norma al respecto se había aprobado seis meses antes, cuando el Senado hizo ley un proyecto del Poder Ejecutivo para tipificar el delito de lavado de dinero, algo reclamado por organismos internacionales y cuya aprobación evitó que el país fuera sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Algunos jueces federales reclaman permanentemente en esta región del país que de una buena vez se comience a trabajar seriamente en el tema, porque según trascendidos los dueños de campos cobrarían hasta 25 mil dólares por el uso de estas pistas "mal llamadas clandestinas".
Cabe destacar que la construcción de estas pistas demanda una importante erogación, ya que debe usarse maquinaria pesada para el destronque total del terreno, ya que es la única forma de poder brindarle al piloto un terreno que impida que la aeronave sufra algún tipo de avería.
Visto y considerando que el famoso "escudo norte" no funcionó y dado el costo de la radarización de la zona, se instruyeron algunas sugerencias a la ministra Patricia Bullrich para que se pueda lograr una ley que haga responsable penalmente también al dueño del campo, quien hoy no tiene ningún tipo de penas o relación en el hecho.
Otras de las medidas de fácil aplicación es que los dueños de campo atraviesen sus pistas con mallas plásticas en las cabeceras y en el medio de las mismas. Son de muy fácil manejo ya que cuando aterriza el dueño del campo se corren y cuando lo quiere hacer un intruso sin la debida autorización no lo puede hacer.
El ingreso de droga en la Argentina por vía aérea es la metodología más vigente. Así lo reconocen los investigadores policiales, que ahora ponen el foco en la proliferación de pistas privadas sin control.
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La creciente preocupación en algunos sectores de la sociedad, llámense legisladores, jueces, integrantes de las fuerzas de seguridad, ha encendido nuevamente el debate sobre la vigente necesidad de una ley de derribo de aviones que ingresan al país.
Ante la imposibilidad de realizar un censo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2014 señalaban que en el país había más de dos mil pistas clandestinas, algunas de las cuales había sido declarada en algún momento.
Esta iniciativa se comenzó a discutir en el año 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, quien firmó un decreto que establecía la instalación de 69 radares en todo el país, pero al igual que muchos proyectos quedó en la nada.
El actual parlamentario por el Mercosur, Alberto Asseff, presentó una ley de derribo nueve años después, en el 2013. El mismo proyecto fue replicado en el 2015. En el mismo año fue el diputado nacional por Jujuy, Mario Fiad, quien también presentó un proyecto de Ley integral de lucha contra el narcotráfico.
En el capítulo II se refería el actual ministro de Salud de la provincia a la creación del Sistema Integral de Vigilancia y Control Aeroespacial, cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera y del espacio aéreo. Siempre de acuerdo a datos sueltos las zonas rojas en lo referente a las pistas clandestinas son la Mesopotamia, además del Norte y el Noroeste argentino, especialmente en las zonas boscosas donde se pueden divisar algunos claros que tienen unos 100 metros de ancho y unos 1000 a 1500 de extensión.
Justamente es en esta zona norte y del noroeste donde hoy proliferan las denuncias por avionetas que aterrizan en esas pistas clandestinas. Son pequeñas aeronaves que están especialmente preparadas para transportar alrededor de unos 300 kilos de droga por viaje.
De acuerdo a dichos de algunos vecinos de estas áreas rurales, es habitual divisar a esos aviones sobrevolar los lugares donde existen estas pistas, especialmente en horas del mediodía o bien al amanecer.
La Cámara de Diputados de la Nación tiene 45 comisiones permanentes. Una de ellas es Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. En la Cámara Alta hay 25 comisiones permanentes, entre las que está Seguridad Interior y Narcotráfico. En ambas trabajan 329 legisladores nacionales.
De ninguna de las dos salió una ley para frenar el narcotráfico, desde que Cristina Fernández asumió su segundo mandato, en diciembre de 2011. La última norma al respecto se había aprobado seis meses antes, cuando el Senado hizo ley un proyecto del Poder Ejecutivo para tipificar el delito de lavado de dinero, algo reclamado por organismos internacionales y cuya aprobación evitó que el país fuera sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Algunos jueces federales reclaman permanentemente en esta región del país que de una buena vez se comience a trabajar seriamente en el tema, porque según trascendidos los dueños de campos cobrarían hasta 25 mil dólares por el uso de estas pistas "mal llamadas clandestinas".
Cabe destacar que la construcción de estas pistas demanda una importante erogación, ya que debe usarse maquinaria pesada para el destronque total del terreno, ya que es la única forma de poder brindarle al piloto un terreno que impida que la aeronave sufra algún tipo de avería.
Visto y considerando que el famoso "escudo norte" no funcionó y dado el costo de la radarización de la zona, se instruyeron algunas sugerencias a la ministra Patricia Bullrich para que se pueda lograr una ley que haga responsable penalmente también al dueño del campo, quien hoy no tiene ningún tipo de penas o relación en el hecho.
Otras de las medidas de fácil aplicación es que los dueños de campo atraviesen sus pistas con mallas plásticas en las cabeceras y en el medio de las mismas. Son de muy fácil manejo ya que cuando aterriza el dueño del campo se corren y cuando lo quiere hacer un intruso sin la debida autorización no lo puede hacer.
El ingreso de droga en la Argentina por vía aérea es la metodología más vigente. Así lo reconocen los investigadores policiales, que ahora ponen el foco en la proliferación de pistas privadas sin control.
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