La Fiscalía imputó al juez de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay Sindulfo Blanco y a un exintegrante del máximo tribunal, Víctor Núñez, por presunta prevaricación, y el primero de ellos ya enfrenta un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
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La Fiscalía imputó al juez de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay Sindulfo Blanco y a un exintegrante del máximo tribunal, Víctor Núñez, por presunta prevaricación, y el primero de ellos ya enfrenta un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
El Ministerio Público solicitó la eliminación de los fueros que protegen a Blanco como magistrado en ejercicio de la Corte, para que pueda ser sometido a un proceso penal.
Además, está previsto que el juez enfrente hoy en el Congreso la segunda sesión del juicio político promovido en su contra por su presunto mal desempeño de funciones.
A Blanco se le atribuyen "fallos contra la Constitución Nacional y el interés general", además de "estar involucrado en un caso de ignorancia de la ley" y en otro de venta ilegal de tierra públicas, según la acusación formulada por los diputados.
Además de él, están pendientes de juicio político otros dos magistrados de la Corte Suprema, Miguel Óscar Bajac y César Garay, acusados de "inoperancia" y "excesiva morosidad", entre otros cargos.
El supuesto delito por el que la Fiscalía acusa ahora a Blanco se produjo en 2014, cuando ambos se encontraban en ejercicio y votaron a favor de admitir un recurso de casación presentado contra una resolución de la Cámara de Apelaciones.
Esta resolución anulaba un juicio oral en el que un ciudadano, Peter Kennedy, había sido condenado a seis años de cárcel por apropiación.
Sin embargo, Blanco y Núñez admitieron la casación, revocaron la resolución de la Cámara de Apelaciones, y confirmaron la condena a Kennedy, que redujeron de seis a dos años y medio de prisión.
En cuanto a Núñez, que renunció a su cargo en el año 2014, la Fiscalía nacional pidió ayer que se le apliquen medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir de Paraguay, el pago de una fianza de 100 millones de guaraníes (unos 18.000 dólares) y la comparecencia mensual ante el Juzgado Penal de Garantías.