Los funcionarios denunciados consintieron las Addendas en el marco del "Programa Federal de integración socio-comunitaria" para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, y a partir de ello, libraron los desembolsos y las respectivas órdenes de pago, aún teniendo pleno conocimiento de que ya habían finalizado las obras involucradas. Hubo una completa ausencia de los procedimientos de rendición de cuentas legalmente exigidos.
En Buenos Aires y Jujuy
Nivello en Buenos Aires autorizó irregularmente transferencias de fondos, mientras en Jujuy Gustavo Carrizo libró órdenes de pago dirigidas a cooperativas, pese a las serias anomalías existentes.
Julio de Vido, Baratta y López, conductores y supervisores del Programa Nacional cuya financiación resultó utilizada para fines delictivos, están denunciados en tanto, teniendo deberes de control y fiscalización, facilitaron, a través de su obrar omisivo, el direccionamiento de estos fondos a las cooperativas mencionadas.
Sus actos están encuadrados en los delitos de fraude a la administración pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal) Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos (artículo 248 del Código Penal).
Procedimiento fraudulento
Los integrantes de la Cooperativa "Pibes Villeros Ltda" centralizaron, por lo menos, algunos de los pagos irregulares, que incluso, presumiendo su legalidad, deberían haber sido dirigidos a diversas cooperativas de construcciones (aquellas adjudicatarias de las obras de vivienda).
Esta centralización de fondos indican la existencia de un procedimiento fraudulento de cobro que permitía a algunas personas integrantes de la organización "Tupac Amaru" captar los pagos en representación de otras cooperativas y así definir discrecionalmente el destino final de los fondos públicos.
Bajo las órdenes de Milagro Sala, su accionar se enmarca en el supuesto delito de "asociación ilícita", según lo expresado.
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Los funcionarios denunciados consintieron las Addendas en el marco del "Programa Federal de integración socio-comunitaria" para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, y a partir de ello, libraron los desembolsos y las respectivas órdenes de pago, aún teniendo pleno conocimiento de que ya habían finalizado las obras involucradas. Hubo una completa ausencia de los procedimientos de rendición de cuentas legalmente exigidos.
En Buenos Aires y Jujuy
Nivello en Buenos Aires autorizó irregularmente transferencias de fondos, mientras en Jujuy Gustavo Carrizo libró órdenes de pago dirigidas a cooperativas, pese a las serias anomalías existentes.
Julio de Vido, Baratta y López, conductores y supervisores del Programa Nacional cuya financiación resultó utilizada para fines delictivos, están denunciados en tanto, teniendo deberes de control y fiscalización, facilitaron, a través de su obrar omisivo, el direccionamiento de estos fondos a las cooperativas mencionadas.
Sus actos están encuadrados en los delitos de fraude a la administración pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal) Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos (artículo 248 del Código Penal).
Procedimiento fraudulento
Los integrantes de la Cooperativa "Pibes Villeros Ltda" centralizaron, por lo menos, algunos de los pagos irregulares, que incluso, presumiendo su legalidad, deberían haber sido dirigidos a diversas cooperativas de construcciones (aquellas adjudicatarias de las obras de vivienda).
Esta centralización de fondos indican la existencia de un procedimiento fraudulento de cobro que permitía a algunas personas integrantes de la organización "Tupac Amaru" captar los pagos en representación de otras cooperativas y así definir discrecionalmente el destino final de los fondos públicos.
Bajo las órdenes de Milagro Sala, su accionar se enmarca en el supuesto delito de "asociación ilícita", según lo expresado.
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